Uno de los ejes que se consideran necesarios para impulsar la sostenibilidad del sistema es la colaboración público-privada; en este sentido, el informe plantea “la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que resuelva cualquier tipo de duda sobre este tipo de fórmulas y salvaguarde los intereses públicos, que no son otros que la obtención de una asistencia de calidad a un precio razonable”.

Además, se considera imprescindible que existan marcos claros y estables de actuación, con distribución de responsabilidades bien definidas, que incentiven las inversiones necesarias tanto en infraestructuras como en servicios, con un sistema de pago para el sostenimiento de la relación a largo plazo, que cumpla plazos, en igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios y que retribuya las inversiones en función de los riesgos transferidos.

FISCALIDAD FAVORECIDA

El informe reconoce que el sector privado aporta fundamentalmente financiación, asistencia sanitaria de calidad y eficiente a precio razonable y apertura a la innovación. Este tipo de colaboración “no es una moda, sino un modelo muy extendido en todos los países europeos”, y las distintas fórmulas posibles “son particularmente útiles y necesarias en el momento actual, en el que los presupuestos de inversiones se han reducido extraordinariamente, lo que hace difícil la actualización y el mantenimiento de ciertos servicios intensivos en inversión”.

Asimismo, se reconoce que el impulso a la contratación individual de un seguro privado “mediante una fiscalidad favorecedora” es considerado también “como una forma particular de colaboración público-privada, al implicar a las familias en el sostenimiento de su propia salud y descargando así al sistema público de parte de la actividad”.

'TEMAS CANDENTES'

El informe, en su relación de ‘temas candentes’, destaca también la necesidad de revisar la cartera de servicios y prestaciones sanitarias que cubre el sistema público de salud y propone una nueva clasificación con el objetivo de mejorar la gestión y lograr mayores niveles de eficiencia.

También se apunta a que el Gobierno active medidas de apoyo al tejido de empresas sanitarias (tanto empresas de tecnología médica, como empresas farmacéuticas, como empresas de tecnologías de la información en salud), en línea con las medidas puestas en marcha por otros Gobiernos europeos.

Además, se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el actual modelo sanitario, desde el punto de vista de la atención, orientándolo hacia las enfermedades crónicas (representan el 70% del gasto sanitario).

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