Dicho grupo, según se explica desde Bruselas, determinará hasta qué punto esas diferencias entre países impiden la distribución y la utilización de seguros por parte de las empresas y los consumidores europeos. Algunos de los ejemplos que se apunta en este sentido son los de ciudadanos que trasladan su residencia a otro país de la UE por motivos laborales y que puedan verse obligados a suscribir una nueva póliza para su vehículo, o los problemas para que se les reconozcan los derechos adquiridos en un plan de pensiones privado en caso de que lo hayan suscrito en otro Estado miembro.

De la misma manera, las empresas con sucursales en diversos países de la UE pueden verse forzadas a suscribir pólizas independientes sujetas a condiciones distintas en cada uno de ellos, en vez de una única póliza que cubra todos sus bienes. Una vez que el grupo remita su informe, a continuación la Comisión decidirá las medidas que, en su caso, sea necesario adoptar.

Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, declara: “Este año conmemoramos el vigésimo aniversario de la instauración del Mercado Único, piedra angular del comercio transfronterizo. Pero aún queda mucho por hacer, por ejemplo, en el sector de seguros, en el que los intercambios transfronterizos de productos siguen siendo escasos: los usuarios de la UE solo tienen acceso a escala transfronteriza a un 0,6 % del total de las primas de seguro de automóvil y a un 2,8 % del total de las primas de seguros sobre la propiedad”. Destaca que las “diferencias en materia de Derecho contractual pueden obstaculizar los intercambios transfronterizos, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores que efectúan compras más allá de las fronteras de su país, así como de algunas empresas de seguros”. Dada la complejidad del tema, los responsables comunitarios quieren conocer primero la opinión de los expertos antes de decidir medidas concretas a adoptar.

EL INFORME CON LAS CONCLUSIONES, A FINALES DE AÑO

El ‘Grupo de Expertos de la Comisión sobre Derecho Europeo del Contrato de Seguro’ agrupará a los principales interesados, esto es, proveedores de seguros, representantes de los consumidores y empresas usuarias, y profesionales de los ámbitos académico y jurídico. Dicho grupo asistirá a la Comisión en su tarea de analizar si las diferencias entre las diversas legislaciones en materia de contratos de seguro obstaculizan la distribución y la utilización transfronteriza de los productos de seguro por parte de las empresas y los consumidores. Si así fuera, el grupo de expertos determinará asimismo cuáles son los tipos de seguro más afectados.

El grupo de expertos se reunirá con periodicidad mensual y presentará un informe con sus conclusiones a finales de 2013. Basándose en dicho informe, la Comisión decidirá si es preciso proceder a un análisis más exhaustivo al respecto.

Bruselas anticipa que, probablemente, el grupo se centrará en los productos de seguro con mayor relevancia desde el punto de vista económico como, por ejemplo, los seguros de Autos y los de Viaje, y los seguros de Vida que los ciudadanos puede utilizar como complemento de sus pensiones. El análisis de este aspecto concreto se inscribe en la Agenda para unas Pensiones Adecuadas, Seguras y Sostenibles anunciada por la Comisión en 2012.

UNA PREOCUPACIÓN DEL SECTOR

Cabe recordar que, en septiembre de 2011, la vicepresidenta Reding se reunió con directivos de empresas de seguros europeas a fin de entablar un diálogo con el sector sobre el posible valor añadido de un Derecho Contractual Europeo sobre Seguro. La creación del grupo de expertos es consecuencia de esa reunión y de la preocupación manifestada por las partes interesadas con motivo de la consulta sobre el ‘Libro Verde sobre opciones políticas para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para los consumidores y las empresas’.

En particular, los representantes del sector de seguros señalaron que, en la actualidad, no es posible ofrecer productos de seguro uniformes en todo el territorio de la UE basados en un marco jurídico europeo único. Señalaron que las diferencias en las legislaciones sobre contratos de seguros generan costes suplementarios e inseguridad jurídica en el comercio transfronterizo de productos de seguro. El Parlamento Europeo instó ulteriormente a la Comisión a que examinara pormenorizadamente la situación en el sector de seguros

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