Tras la entrada en vigor de la citada ley, la entidad ha constado un aumento en el número de consultas de asegurados para saber si estaban incluidas en sus pólizas, “síntoma claro -según Santiago Castelló, director comercial y de Ventas de la aseguradora- de la preocupación que este nueva normativa ha causado entre la ciudadanía”.

“Ahora, más que nunca, los ciudadanos pueden poner en valor los seguros de Defensa Jurídica, pues les garantiza un acceso real a la justicia para resolver sus problemas legales”, afirma el directivo.

Según los estudios de ARAG, llevados a cabo entre más de 4.000 ciudadanos antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas, el 62% de los españoles creía que acudir a la justicia era muy caro, por lo que solo se contemplaba esta opción para temas muy importantes. “La nueva Ley va a hacer que esta percepción se acreciente y que los seguros de Defensa Jurídica se conviertan en una opción preferente para prever posibles conflictos legales”, anticipa Castelló.

Por la experiencia de la entidad, esta nueva ley va a afectar tanto a particulares como a pymes y autónomos, “pues ahora se equiparan a las grandes empresas, para los que una tasa judicial no tiene la misma repercusión en su presupuesto que para una familia o un profesional liberal”.

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