Este Fondo de Protección, según recoge Los Tiempos, “es de carácter público, de duración indefinida, y nace con el objetivo de apoyar financieramente operaciones de cesión de cartera directa de entidades aseguradoras en proceso de intervención para su liquidación forzosa por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros”, detalla la normativa que ahora pasa a manos del Ejecutivo.

Sobre el particular, la presidenta de la Comisión de Planificación, Mirtha Da Costa, ha explicado que este Fondo se mantendrá con aportaciones de las propias compañías de seguros, con la intención de ayudar al pago de siniestros en el caso de que alguna entidad quiebre debido a una crisis de cualquier tipo. Señala Da Costa que “de esta manera, el propio sistema de seguros garantiza a los asegurados el correcto e íntegro pago de las indemnizaciones por siniestros, así como la continuidad de vigencia de sus seguros, aún en caso de que estas entidades quiebren por insolvencia”.

Por último, la Ley de Seguros recoge las características de las pólizas de seguro de Fianzas donde participen como beneficiarias entidades, empresas públicas o sociedades donde el Estado tenga algún tipo de participación.