Raúl de Andrea, gerente general de Apeseg, explicó que comparten la necesidad de que se establezca un marco legal para mejorar el sector asegurador, pero consideró que el planteamiento actual del proyecto generaría problemas operativos para las aseguradoras. “Hay artículos de la norma que tal y como están planteados, dejan la puerta abierta para fraudes y pueden generar problemas operativos complejos que se traducirían en costos adicionales y se reflejarían en el costo de las primas, perjudicando al consumidor que se quiere beneficiar”, advirtió De Andrea en información de ‘El Comercio’.

Una posición totalmente opuesta es la de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), ya que según explicó Mila Guillén, superintendenta adjunta de Asesoría Jurídica de la SBS, señaló que la norma responde a la necesidad de establecer reglas de juego claras en el sector asegurador, en el que la falta de regulación jugaba en contra del consumidor.
“El problema es que la legislación y la cultura sobre seguros no ha crecido al mismo ritmo que la industria. Lo que hace esta ley es equilibrar los derechos y obligaciones de las dos partes, estableciendo plazos claros, prohibiendo cláusulas abusivas y poniendo límites para evitar que se afecten los derechos de los contratantes”, matizó. En ese sentido, estimó que, de aprobarse la norma, los costos que tendrán que incurrir las aseguradoras para adecuar sus procedimientos serán compensados con el crecimiento del mercado que generará la claridad en las reglas de juego.

Sobre esto, Miguel Ángel Martín, director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESÁN, señaló que “en el sistema financiero, las aseguradoras no han sido expuestas a las mismas regulaciones que, por ejemplo, los bancos, que nadie puede decir que hayan disminuido sus niveles de rentabilidad. Al final, la mayor confianza va a permitir que más personas adopten una cultura del seguro”, opinó.

REVISIONES QUE SOLICITA APESEG

Desde la Apeseg se ha solicitado que la Comisión de Justicia revise artículos como el que establece un plazo de siete días para reportar los siniestros, pues haría más difícil verificar, por ejemplo, si el asegurado estaba ebrio a la hora de chocar su vehículo. “También es riesgoso que se ordene que, cuando el contratante omita o declare información errónea, afectando el cálculo del riesgo y, por lo tanto, el costo del seguro, la póliza queda anulada solo si media dolo, es decir, si es obra de mala fe”, destacaron.

Por su parte, el abogado Enrique Ferrando, socio del Estudio Osterling, comentó que se requieren hacer ajustes a la norma porque muchas disposiciones entran en conflicto con la legislación internacional. “En una industria donde las aseguradoras contratan reaseguros en otros países, no pueden haber esas incongruencias”, criticó.

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