En concreto, la asociación solicita que se dé más importancia a tres elementos principales, destacando en primera posición la proporcionalidad, ya que, según explican, siempre ha sido un elemento principal. Por esta razón, apunta el comunicado, “celebra la inclusión de elementos de proporcionalidad en el texto final de la Omnibus II y en particular las disposiciones que permiten a los Estados miembros eximir del ‘reporting’ trimestral a las entidades de tamaño más reducido”. Desde AMICE hacen hincapié en que los supervisores nacionales no deben ignorar ahora los umbrales propuestos (en términos de cuota de mercado), y deben asegurarse de que los diferentes requisitos se aplican de manera proporcionada.

Por otro lado, la propuesta de directriz que establece la obligación de someter a auditoría externa toda aquella información sujeta a divulgación pública “suscita una gran preocupación entre nuestros miembros. Esta propuesta no resiste un análisis coste-beneficio y supone un inmenso coste para las entidades pequeñas y medianas (PYMES)”, explica la asociación.

El segundo elemento sobre el que, desde AMICE, se pide más cautela es el riesgo de sobrerregulación y de una aplicación desigual en los diferentes Estados miembros. “Cualquier exceso de cumplimiento por parte de los Estados miembros o de sus reguladores nacionales distorsiona la igualdad de condiciones, va en detrimento del concepto de mercado único y amenaza con debilitar la competitividad internacional de las partes afectadas”, asevera.
Por último, en cuanto al calendario propuesto, Gregor Pozniak, secretario general de AMICE, teme que la más mínima demora en las negociaciones reduzca al mínimo el período comprendido entre la publicación de la legislación y la fecha de aplicación de 1 de enero 2016 que ha sido fijada a nivel político.

El decidido compromiso político para mantener la fecha de aplicación en 2016 ha sido uno de los factores impulsores del acuerdo de Omnibus II. Sin embargo, “las futuras iniciativas legislativas deberán ser transparentes a fin de garantizar un adecuado proceso de implementación”, matiza la asociación.

LAS NORMAS NO DEBEN ALEJARSE DEL ESPÍRITU DEL ACUERDO ELABORADO

Desde esta perspectiva, AMICE solicita que “los debates en torno a las cuestiones pendientes deberán resolverse para que puedan incorporarse lo más pronto posible a la legislación. Los próximos actos delegados y las normas técnicas de ejecución no deben alejarse del espíritu del acuerdo elaborado por los responsables políticos”.

Asimismo, finaliza el comunicado reflexionando sobre que “las nuevas cuestiones que no están relacionadas con las inversiones a largo plazo o con el área de las garantías a largo plazo o que no corrigen errores o inconsistencias no deben incluirse en las próximas normas técnicas de ejecución de la EIOPA, sino más bien deben ser enmiendas que podrían incorporarse una vez Solvencia II sea implementada en 2016".