En la convocatoria remitida por la entidad, su presidente Adolfo Rodríguez González, indica que “la información de este acuerdo es una de las medidas que la Mutualidad se ha visto obligada a proponer a la DGSFP en el Plan de Recuperación Financiera presentado en el marco del expediente de medidas de control especial y de solvencia futura iniciado por resolución de dicho Centro Directivo de 11 de marzo de 2014”. Afirma el directivo que la adopción de este acuerdo “garantiza la viabilidad de la Mutualidad y, a la vez, permite al beneficiario obtener un capital cierto, independientemente de las incertidumbres que la situación económica general y de la propia Mutualidad pueda generar en el futuro”.

De forma más concreta, en uno de los anexos de la convocatoria se cita el listado de los 24 Convenios Colectivos afectados y se explica que “AMIC se ha visto obligada” a presentar al órgano supervisor dicho plan financiero “en el que se pone de manifiesto que la viabilidad de la Mutualidad precisa una operación de reestructuración, consistente en la venta de determinados activos para poder afrontar la compra de un pasivo de seguros que supone una merma del patrimonio de la entidad”. Entre los factores que explican el deterioro del patrimonio mutual, afirman desde AMIC, este plan refleja “la existencia de un pasivo de seguros con flujos de pago descubiertos” y que “la viabilidad de la entidad precisa, entre otras medidas, la reestructuración del balance de la mutualidad consistente en la compra del pasivo de seguros no cubierto por rentas de viudedad, jubilación, incapacidad y orfandad”.

MUTUALISTAS Y BENEFICIARIOS, DECEPCIONADOS

Un grupo de “afectados” ha abierto un blog (http://afectadosamic.wordpress.com/) donde, además de quejarse de la merma que supondrá para sus derechos, ponen en entredicho la forma en la que se celebrará una votación tan importante, que afecta a alrededor de 1.300 personas. “En la práctica, esto supone convocar a un colectivo de ancianos y ancianas —titulares de los derechos, y sus viudas beneficiarias—, muchos de ellos incapacitados física y psíquicamente, y la mayoría dispersos por la geografía española, a una reunión decisoria sobre la desaparición de sus pensiones vitalicias, a cambio —especialmente en el caso de los más mayores— del cobro de una cierta cantidad calculada probablemente a partir de algún dato estadístico en base a las mensualidades que percibirían de acuerdo con su supuesta esperanza de vida”, afirman.

“La apariencia democrática del procedimiento decisorio -asamblea general y votación directa de los mutualistas afectados- se desvanece en cuanto tenemos en cuenta que se está convocando a ancianos, a menudo con los diversos grados de minusvalía propios de la edad, y que muchos de ellos viven a cientos de kilómetros de Madrid, donde va a celebrarse la Asamblea”, argumentan. Además, añaden, tampoco se contempla que cada mutualista decida, “de forma individual, la opción a la que desea acogerse”, ni que se pueda votar por correo (algo “más que razonable en estas circunstancias”) y “la facultad de delegar el voto en otro asistente es, asimismo, puramente teórica”, toda vez que muchos de ellos —especialmente las viudas— carecen de los contactos necesarios dentro del colectivo.

A modo de ejemplo, desde el colectivo de afectados se explica un caso, el de una anciana viuda de 82 años que “percibiría una cantidad equivalente a poco más de tres años de mensualidades de aquí a finales de septiembre, y con ello perdería todo derecho futuro a seguir cobrando la pensión vitalicia por la que en su día cotizó su esposo fallecido”.

Por ello, concluyen, “solo cabe inferir que contratar en nuestros días un seguro privado de jubilación en nuestro país supone un enorme riesgo para los ciudadanos” y que “las leyes y la Justicia (con mayúscula) en España parece que, hace tiempo, han tomado caminos diferentes, y esperar la protección de los poderes públicos para nuestros derechos se asemeja, cada vez más, a una utopía”.

Dentro del colectivo de organizaciones afectadas, entre ellas asociaciones y colegios profesionales, ha habido ya organizaciones que han remitido cartas a los afectados en los que les tranquilizan, asegurando que ya han tomado cartas en el asunto para solucionar el tema.