El Consejo de Administración de AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.) emitió ayer un comunicado en el que anuncia su intención de recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las sanciones impuestas por el Ministerio de Economía y Hacienda, que sorprendentemente afirma haber recibido ayer. Además, va a pedir la suspensión cautelar de dichas sanciones.

En el texto expresa que confía en que queden en suspenso las sanciones contra la entidad y contra sus consejeros tras la presentación de los recursos y la petición de suspensión cautelar, hasta que se pronuncien los tribunales.

El comunicado de A.M.A. expone textualmente lo siguiente:

- La resolución dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda contra el Consejo de Administración de A.M.A. ha sido notificada oficialmente a los interesados hoy, 19 de mayo, si bien ya había aparecido publicada en un medio de comunicación el pasado 14 de mayo.

- Fuentes de la aseguradora consideran que dicha filtración constituye una irregularidad flagrante del deber de confidencialidad y sigilo que corresponde al Ministerio, "toda vez que no ha debido desplegar la diligencia suficiente para impedir que terceros ajenos al procedimiento, concretamente dicho medio, que no tiene ni tan siquiera la condición de interesado, haya podido acceder a documentación obrante en el expediente administrativo que se está tramitando contra A.M.A., cuando las leyes de procedimiento impiden expresamente que se pueda tener acceso a dicha información".

- Respecto a la actual resolución, confirma la dictada el pasado 28 de febrero por el entonces ministro de Economía y Hacienda. En la misma se imponía a A.M.A., a los miembros de su Consejo de Administración, a varios asesores del mismo y al director general sanciones de diversa cuantía. Asimismo, a Diego Murillo, presidente de la entidad, a Manuel Campos, actual Secretario del Consejo de Administración, y a Manuel Sánchez, consejero que anteriormente había desempeñado el citado cargo, les imponía sanción de inhabilitación.

- Todas estas sanciones serán recurridas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que solicitará además la suspensión cautelar de las mismas. Se ampara para ello en la doctrina  de la Sentencia del Tribunal Constitucional 78/1996, de 20 de mayo, y en la Sentencia 66/1984 del mismo Alto Tribunal, de 6 de junio, que dispone que “el derecho a la tutela se satisface (…) facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión".

- De acuerdo con esa doctrina constitucional, no es posible la ejecución de una sanción administrativa mientras no recaiga un pronunciamiento judicial firme sobre su suspensión, como por otra parte ha reconocido la Dirección General de Seguros en una resolución de 4 de marzo de 2009, por cuanto la ejecución, pendiente de resolución judicial sobre su suspensión, ocasionaría una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los sancionados que no se corresponde con las exigencias del artículo 24 de la Constitución, indican esas mismas fuentes. "Por lo tanto, en puridad, Economía debería esperar y no considerar ejecutiva su resolución hasta que recayera una resolución judicial firme de la solicitud de suspensión", concluyen.

- Asimismo, el Consejo de la aseguradora ha recordado que, tanto la semiintervención a la que A.M.A. está sometida por Seguros desde 2008, como las sanciones impuestas ahora a sus miembros y la inhabilitación de tres de ellos, se deben a unas supuestas malas prácticas inexistentes. La acusación se basa sobre todo en determinadas retribuciones percibidas por los miembros del Consejo y que la Dirección General de Seguros considera indebidas, a pesar de que las mismas han sido aprobadas año tras año por la Asamblea General, y que la propia Dirección General las conocía y que nunca en sus inspecciones había encontrado nada sospechoso en ellas hasta el año pasado.

- El Consejo ha subrayado también la existencia de una reciente sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 2008, que ya ha condenado a Seguros por atentar con desproporcionalidad contra otra aseguradora, en un caso tan parecido al suyo que, en su opinión, la resolución final probablemente será la misma.

- Según la normativa española, las semintervenciones como la que sufre A.M.A. suponen una medida excepcionalmente grave, sólo autorizada cuando la entidad en cuestión tiene riesgo cierto de insolvencia. Los consejeros de A.M.A. han indicado que esa situación no se da “en absoluto” en el caso de su mutua, ya que en 2008, en régimen de semiintervención, A.M.A. ha incrementado un 2,1% los mutualistas y un 2,5% el número de pólizas. La facturación se mantuvo en torno a los 182 millones de euros, con un resultado asegurador de 6,4 millones, y un margen de solvencia de 74,36 millones, más del doble del mínimo exigido.

- "En conjunto, los consejeros de A.M.A. gestionamos anualmente cerca de 200 millones de euros. En ese tiempo, con nuestra labor la compañía ha incrementado un 134% los beneficios, en un 251% su volumen de negocio y los fondos propios un 179%, hasta convertirse en decimonovena aseguradora por margen de solvencia entre las más de trescientas que operan en España", ha manifestado hace días su presidente, Diego Murillo.

- "Cabría sugerir a los responsables de Seguros, y especialmente a sus superiores jerárquicos, que mentalmente estimen si esa responsabilidad y esos resultados del equipo directivo de A.M.A. estarían convenientemente retribuidos con menos de 12.000 euros al año, como ellos plantean, y si esa desavenencia justifica que, desde hace más de un año, Seguros mantenga semiintervenida nuestra mutua", añadió.

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