“En defensa de los intereses de sus asociados, así como del ámbito empresarial y la sociedad en su conjunto”, esgrime la asociación, manifiesta su opinión respecto a varias cuestiones. Así, cree necesario establecer “un sistema único de evaluación y análisis de riesgos medioambientales, para los operadores sujetos a la obligatoriedad de constitución de la garantía financiera y, por tanto, a la obligatoriedad de realización de los análisis de riesgos por la Ley de Responsabilidad Medioambiental y otras legislaciones como la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) o, la derivada de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO II)”.

AGERS también considera conveniente establecer “un sistema armonizado de garantías financieras en el ámbito de la legislación medioambiental” y aboga por “promover y sensibilizar a los operadores ("anexo III"), no obligados a la constitución de garantías financieras, en la recomendable realización de análisis de riesgos y búsqueda de garantías financieras, aunque no sean de carácter obligatorio, apoyado mediante incentivos y/o deducciones fiscales para estos gastos (análisis de riesgos y seguros)”.

Finalmente, se decanta por la búsqueda “de criterios y métodos para armonizar, los criterios para la determinación de la ‘significatividad’ del daño medioambiental entre las distintas Administraciones, operación crucial, puesto que sobre ella descansa la aplicabilidad del sistema de responsabilidad medioambiental de la Ley 26/2007”.

El documento con su postura ha sido recibido en el organismo oficial para su valoración y la asociación espera que se tenga en consideración su contenido en la emisión definitiva de la modificación de la Ley.