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Antonio Huertas, presidente de Mapfre
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Antonio Huertas (MAPFRE)

«Necesitamos información para tomar decisiones que van a condicionar nuestra vida futura»

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En el marco de estos encuentros de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, esbozó una propuesta para avanzar en el desarrollo de la previsión complementaria en España. En primer lugar, debe comenzar por «el fomento del ahorro en todas sus facetas». «Este nuevo modelo no puede construirse a base de castigar otras opciones de ahorro y sobre todo tiene que ser neutro y trasparente con la industria financiera», indicó.

Defendió, además, transparencia para saber antes la cuantía de la pensión futura. «Necesitamos información para tomar decisiones que van a condicionar nuestra vida futura» remarcó. Además, se mostró a favor de no perjudicar el empleo incrementando los costes laborales. Y muy importante, «integrar a jóvenes y a seniors». «Que nuestros futuros mayores tengan una adecuada situación económica tras su jubilación, no es solo una cuestión de justicia individual. Ni siquiera intergeneracional. Es también una necesidad para que la economía siga funcionando y creando empleos», apuntó.

Por último, valoró el «compromiso intergeneracional» y el «mayor equilibrio entre lo aportado y lo recibido».

«Podemos fortalecer y prepararnos para las crisis venideras, pero no debemos olvidar nuestras reformas pendientes: equilibrio fiscal de las cuentas públicas, generar protección económica para futuro y contar con un adecuado modelo de ahorro previsión público privado», reseñó. «Es necesario actuar cuanto antes respecto a la situación del ahorro-previsión», apostilló.

«El sector público tiene que liderar la capacidad de protección extra»

Por otro lado, Huertas se refirió a la necesidad de modelos de colaboración público-privada para grandes riesgos. «Las pandemias ya son un riesgo real, como ocurre con el riesgo catastrófico o el riesgo cibernético. La población mundial va a exigir estar protegida frente a todos estos grandes riesgos y eso solo puede hacerse con fórmulas de colaboración», concretó.

«El sector público tiene que liderar esta capacidad de protección extra que demandarán los ciudadanos, imprescindible para proteger la actividad económica y, con ella, el empleo, reduciendo incertidumbre y volatilidad en el desarrollo económico», concluyó.

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