Cada vez más gobiernos están aprovechando la experiencia de los seguros privados y la capacidad creciente del sector para cubrir daños por catástrofes y muchos otros riesgos. No obstante, según revela el último estudio Sigma de SWISS RE, publicado ayer, el grado de participación del Estado en la actividad aseguradora difiere enormemente de unos países y segmentos de productos a otros.
Un ejemplo de esta situación se observa en el reciente terremoto en Japón, que provocó daños materiales totales de más de 200.000 millones de dólares (138.240 millones de euros), aunque solo 30.000 millones (20.735 millones de euros) estaban cubiertos por la industria aseguradora privada. En cambio, las compañías de seguros desembolsarán alrededor de 9.000 millones (6.220 millones de euros) de los 12.000 millones (8.290 millones de euros) en daños materiales originados en el terremoto de Nueva Zelanda, es decir, un 75% del total, frente al 15% en el caso de Japón.
“Si bien numerosos gobiernos autoaseguran o agrupan sus riesgos con terceros, existen posibilidades para los Estados de aprovechar la pericia y capacidad creciente del seguro privado para distribuir los riesgos de un modo eficiente y conservar únicamente la porción del riesgo que sea en efecto no asegurable”, afirma Rudolf Enz, economista de la reaseguradora y autor de este estudio. De este modo, las primas de seguro se convierten en un coste presupuestado y el impacto de los acontecimientos adversos puede repartirse con las aseguradoras privadas.
CATÁSTROFES NATURALES, FUERTE IMPACTO SOBRE LOS PRESUPUESTOS
El informe también muestra cómo los gobiernos están “repensando” la cobertura de seguro frente a catástrofes. “Una característica común de estas soluciones es que, al adquirir cierta protección adicional de aseguradoras privadas y de los mercados de capitales, el gobierno, como asegurador de último recurso, tendrá una menor exposición en caso de producirse una catástrofe de envergadura. Esto se ha vuelto cada vez más necesario dado que la crisis de deuda soberana ha mostrado que existen límites respecto a cuánto están dispuestos a prestar los inversores del mercado financiero a los gobiernos, especialmente cuando los balances fiscales se encuentran bajo presión”, detalla Enz.
Por otro lado, el estudio se muestra contrario a que algunos Estados brinden seguros subsidiados en áreas propensas a peligros naturales. Se recomienda que “los gobiernos eliminen los subsidios para coberturas que las aseguradoras privadas están dispuestas a brindar, y de este modo conserven los recursos gubernamentales, cada vez más escasos, para realizar inversiones en infraestructuras que reduzcan las pérdidas por catástrofes, así como para brindar cobertura solo de riesgos que sean realmente no asegurables”.
