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Confederación Española de Mutualidades

Las mutualidades reivindican un marco fiscal, jurídico y económico propio

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La Confederación Española de Mutualidades recuerda el importante papel que realizan estas entidades, con “una actividad complementaria a las coberturas de la Seguridad Social, incluyendo la cobertura de la salud, y manteniendo los principios de la Economía Social, es decir, los asociados participan democráticamente en los órganos de gobierno de la mutualidad (Asambleas, Juntas Directivas y Comisiones de Control)”. Por consiguiente, subraya la Confederación, “tienen los mayores niveles de transparencia en la información e independencia en la gestión de las inversiones, al no pertenecer a ningún grupo bancario, financiero o asegurador, lo que redunda en la confianza de los asociados y en mayores niveles de rentabilidad, durante estos años de crisis”.

Asimismo, añade, “las mutualidades gestionan de forma solidaria las pensiones complementarias de diferentes colectivos y tienen con el mutualista un vínculo adicional a la mera intención de aseguramiento individual, destacando en el ámbito de la ocupación laboral las mutualidades que cubren prestaciones a asegurados que ejercen una misma profesión, es decir, las mutualidades vinculadas a Colegios Profesionales, que agrupan principalmente a trabajadores por cuenta propia, así como las que a través de la negociación colectiva gestionan pensiones complementarias a trabajadores por cuenta ajena”.

Pero, “pese a esta realidad, las mutualidades no tienen actualmente el marco jurídico adecuado que les permita su desarrollo y además, en el último borrador del Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados, de mayo de 2012, se las contempla como una entidad aseguradora más, sin atender a sus características propias fiscales, jurídicas y económico-financieras, que deberían ser desarrolladas en una Ley de ámbito propio y en un Reglamento de desarrollo específico”.

A estas carencias hay que sumar una “discriminación en materia fiscal”, ya que “las aportaciones de los mutualistas no gozan en todos los casos de los mismos beneficios que las aportaciones a otros instrumentos de previsión social, o están constreñidas frente a la función que desarrollan como mutualidades alternativas, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades”.

En materia económico-financiera, “no se regula un sistema de solvencia proporcional atendiendo a las características sociales de las mismas”, pese, recuerda, a que la Directiva Solvencia II “prevé un régimen para las entidades que con iguales características operan en nuestro entorno europeo, a través de reglamentos de prestaciones”.

Por último, en cuanto al régimen jurídico de la mutualidad, “no se prevé, entre otros, regular la figura del socio protector o promotor, fundamental para el desarrollo de la conclusión 16ª del Pacto de Toledo sobre desarrollo y fomento de la previsión social complementaria; tampoco está prevista la regulación del régimen de transparencia en la información propia de la actividad de las mutualidades en las asambleas territoriales que acercan la información a los mutualistas y no se regula en el Anteproyecto, el régimen de prestaciones sociales de las mismas”.