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ComFrame: las aseguradoras europeas piden claridad y proporcionalidad
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Las aseguradoras apoyan una mejor protección y estímulo a la inversión

Internacional

Insurance Europe dio a conocer ayer su postura en respuesta a una consulta de la Comisión Europea sobre una iniciativa centrada en el estímulo y la protección de inversiones dentro de la UE.

“Un entorno de inversión estable y favorable con reglas claras, soluciones efectivas y medidas para facilitar el acceso a las oportunidades de inversión es fundamental y está en consonancia con los objetivos de iniciativas emblemáticas, como el proyecto de un Mercado Único de Capitales”, señala la federación de las aseguradoras europeas para, a continuación, denunciar lo que no debería pasar, como “cambios repentinos y retroactivos en los marcos de inversión locales”.

La respuesta se refiere a situaciones vividas “en los últimos años” como “infracciones lamentables de los derechos de los inversores en relación con inversiones a largo plazo en, por ejemplo, infraestructura y energía renovable”. 

En concreto, Insurance Europe pone como ejemplo “las plantas fotovoltaicas en España, la República Checa e Italia en 2014, así como una reducción del 90% de las tarifas de uso de la red de gasoductos Gassled en Noruega en 2016”. El resultado: “Algunas aseguradoras decidieron abstenerse de seguir invirtiendo en mercados donde han incurrido en pérdidas en sus inversiones debido a cambios retroactivos en la legislación sin derechos adquiridos”.

Inversiones transfronterizas

Por otro lado, las aseguradoras europeas se quejan de que quienes invierten más allá de sus países de origen en la UE “también se enfrentan a problemas en ciertos Estados miembro para hacer valer sus derechos y obtener una reparación”.

Entre las posibles soluciones a esta problemática, además de una mejor aplicación de las normas de inversión por parte de los países, “puede ser necesario considerar nuevas acciones a nivel de la UE para abordar los desafíos existentes. No se trata de cuestionar la jurisdicción de los estados miembros de la UE. Más bien, se trata de una protección legal simple y efectiva para los inversores extranjeros en caso de violaciones de los derechos”, sugieren.

Además, añaden, “los inversores de la UE no deberían verse en desventaja en lo que respecta a la protección jurídica en comparación con los de terceros países”, por lo que piden que se garanticen la igualdad de condiciones entre unos y otros, así como la eficacia de las garantías procesales otorgadas a los inversores.