La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha impuesto, desde el pasado mes de agosto, medidas de control especial a LA ALIANZA ESPAÑOLA, como conclusión a sus trabajos de inspección.
La medida se concreta en “la prohibición de disponer de los inmuebles, valores, cuentas, depósito, activos financieros y cualquier otros de los que sea titular”.
La aseguradora deberá contar con la autorización del supervisor para “realizar actos de gestión y disposición, asumir nuevas deudas, conceder préstamos y garantías o dividendos”, según publica hoy Expansión, haciéndose eco de una situación que era conocida en el mercado, pero que no había transcendido hasta la fecha.
El diario recuerda ahora que la entidad cerró sus cuentas de 2015 con unos fondos propios negativos de 500.752 euros tras registrar unas pérdidas de 17 millones, según información de la DGSFP. Con estos datos, la solvencia de la entidad, destinada a cubrir imprevistos, arrojó una cifra negativa de 594.641 euros y las provisiones técnicas para futuros siniestros también presentan un saldo negativo de 1,4 millones.
Poco antes de la imposición de medidas especiales, la Junta de la compañía acordó hace unos meses reducir su capital en tres millones para eliminar pérdidas de 2015. La compañía cuenta con alrededor de un millón de asegurados, una facturación cercana a 40 millones y 150 oficinas en España.
