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Intereses del Art. 20, ¿se imponen a las entidades de asistencia sanitaria? Responde el TS
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Intereses del Art. 20, ¿se imponen a las entidades de asistencia sanitaria? Responde el TS

Marta Parrondo y Alicia Fole (Kennedys Abogados S.L.P.)
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Marta Parrondo y Alicia Fole

Recordamos, con carácter previo, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de estas aseguradoras por mala praxis de los facultativos, personal sanitario o centros médicos incluidos en el cuadro médico del seguro, porque designa a dichos profesionales y la posible elección del asegurado queda limitada a ese cuadro médico: responsabilidad por hecho ajeno del art. 1.903 CC (STS 64/2018, de 6 de febrero).

Partiendo de lo anterior, se ha planteado otra cuestión de gran interés y relevancia: si son de aplicación los intereses del art. 20, según su apartado 3º “cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro”. El debate surge por el tipo de prestación supuestamente incumplida ya que las aseguradoras defienden que la mora es por incumplimiento de prestaciones de carácter pecuniario y no de carácter asistencial. Igualmente alegan que el cumplimiento defectuoso de la prestación asistencial únicamente puede dar lugar a un cumplimiento por equivalencia basado en el art. 1.101 CC, que no está previsto en el art. 20 LCS; y, por otro lado, la obligación de indemnizar surge de una declaración judicial de responsabilidad extracontractual ajena a las obligaciones pactadas y no del incumplimiento del contrato; por tanto, no deben imponérsele los intereses.

El Tribunal Supremo no comparte estos argumentos y concluye que deben imponérseles dichos intereses porque este precepto “no piensa únicamente en el incumplimiento de la prestación característica e inmediata del asegurador, sino que alcanza a todas las prestaciones convenidas vinculadas al contrato de seguro de asistencia, en virtud del cual se le condena”, de forma que “el incumplimiento defectuoso de la asistencia sanitaria se transmuta en una prestación indemnizatoria de la aseguradora sanitaria y, siendo el interés de demora aplicable a todas las prestaciones del asegurador, la aseguradora debe pagar intereses del art. 20 LCS”. No obstante, en la STS 64/2018, el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller emite y argumenta un voto particular: entiende que la prestación a la que se refiere la mora del art. 20 LCS debería ser la que constituye el objeto del contrato (la asistencia sanitaria), no la que puede derivar de la aplicación de una norma ajena al contrato de seguro (art. 1.903 CC, responsabilidad por hecho ajeno).

Las aseguradoras disponen también de otro argumento para oponerse a la imposición de dichos intereses: el conocido apartado 8º del art. 20 LCS, es decir, una causa justificada para la falta de pago de la indemnización o del importe mínimo. Los tribunales interpretan este concepto caso por caso y de forma restrictiva, para impedir que se utilice el proceso judicial para retrasar el pago. La STS 73/2017, de 8 de febrero, enumera algunos supuestos y considera que hay causa justificada cuando la resolución judicial resulta imprescindible para despejar las dudas sobre la realidad del siniestro o su cobertura. La STS 556/2019, de 22 de octubre, no considera causa justificada cuando la cuestión se deba a la oscuridad o confusa redacción de las cláusulas, imputable a la propia aseguradora. La discrepancia entre las partes en cuanto a la existencia o grado de culpa tampoco es considerada causa justificada, al igual que la discrepancia en torno a la cuantía de indemnización o la iliquidez inicial de la indemnización.

Con respecto al díes a quo para el devengo de los intereses, existe jurisprudencia que fija el devengo de los mismos en la fecha en la que la aseguradora sanitaria tuvo conocimiento por primera vez de la reclamación, considerando causa justificada la falta de conocimiento de los hechos con anterioridad (STS 64/2018, de 6 de febrero).

 

Esta tribuna de Marta Parrondo y Alicia Fole (Kennedys Abogados S.L.P.) se publicó originalmente en el número 87 del Boletín de Responsabilidad Civil y Seguro (BRC). Aquí puedes obtener más información sobre esta esta exclusiva publicación digital, de carácter quincenal, y suscribirte.

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