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El Tribunal de Cuentas alerta de un peligro "estructural" de sostenibilidad financiera para la viabilidad de las pensiones
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El Tribunal de Cuentas alerta de un peligro «estructural» de sostenibilidad financiera para la viabilidad de las pensiones

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El Tribunal de Cuentas ha advertido de que la Seguridad Social adolece de un problema «estructural» de sostenibilidad financiera, con unos recursos contributivos insuficientes para satisfacer el nivel de prestaciones, sobre todo pensiones, por lo que de no realizar de manera «urgente» las reformas necesarias sobre su configuración en el ámbito de la financiación y en la protección, peligrarían la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema.

Así se desprende del último informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, en el que constata que la Seguridad Social adolece de un problema de sostenibilidad financiera de «carácter estructural», ocasionado por la actual configuración de su modalidad de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y socio-económica que ha tenido.

El informe refleja que la Seguridad Social ha ido registrando resultados económico-patrimoniales negativos desde 2010, con déficits que han provocado que el patrimonio neto sea negativo en 2016 (-176 millones), 2017 (-18.539) y 2018 (-37.933) y se debe a los «desfases significativos» entre los gastos y los ingresos en la parte contributiva por el mayor crecimiento del gasto medio anual por pensionista (18,73% en el periodo) que el del ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28%), según recoge Europa Press.

Sin noticias del Informe de Recomendaciones del Pacto de Toledo 

Asimismo, el Tribunal de Cuentas recuerda que el Pacto de Toledo acordó constituir cada cinco años una ponencia que estudiase el presente y futuro de la Seguridad Social y que pese a la «importancia y gravedad del problema de sostenibilidad financiera estructural» no se ha aprobado ningún informe de recomendaciones desde el año 2011.

De esta forma, propone al Congreso que de «manera urgente», proceda a estudiar la actual configuración del sistema de Seguridad Social al objeto de proponer «las medidas legales, o de cualquier otra índole, que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario del mismo», en el marco del Pacto de Toledo.