Jose María Pimentel
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El teléfono «escacharrado»

José María Pimentel, Partner de DAC Beachcroft
BDS

Muchos de nosotros hemos jugado a algo que se llamaba el «teléfono escacharrado», que consistía en que un grupo de niños se decían al oído la misma frase y al final de la cadena, la frase no tenía mucho que ver con la inicial. Pues algo parecido ha pasado recientemente con dos noticias relevantes para el sector.

En primer lugar, muchos medios de comunicación publicaron que el Tribunal Supremo había concedido la mayor indemnización a un grupo de demandantes por el siniestro de Spanair de agosto de 2008,  dando a entender un cambio de criterio respecto de las anteriores sentencias dictadas por este siniestro en las que se habían concedido indemnizaciones partiendo del ‘Baremo’ de tráfico e incrementándolo en algún porcentaje.

Pero lo cierto es que esta sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de diciembre de 2021 ha reiterado el criterio no sólo del Tribunal de lo Mercantil 12 y de la Audiencia Provincial de Madrid que conocieron de este procedimiento, sino que, ha seguido la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal Supremo al conocer los distintos recursos formulados por este accidente, línea que ha sido indicada en el párrafo anterior.

Ley de Medidas de Eficiencia Procesal

Algo similar ha sucedido con la Disposición final segunda del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que introduce cambios respecto de indemnizaciones de responsabilidad civil por daños personales. Esta disposición exige la modificación de la Ley del IRPF en su artículo 7 d) estableciendo que las indemnizaciones por daños personales asumidas por las aseguradoras estarán exentas de tributación siempre que deriven de un acuerdo alcanzado en el seno de una mediación o, de cualquier otro método de resolución de conflictos, y el acuerdo se haya elevado a escritura pública, además de no superar las cuantías establecidas para los accidentes de circulación.

Esta potencial modificación ha generado polémica al afirmarse que era perjudicial para las víctimas al querer gravarse las indemnizaciones en caso de accidente. Al margen de que estemos hablando de un anteproyecto de Ley, la realidad es que esta modificación parece querer ampliar las vías de exención de la tributación derivada de indemnización. Veámoslo.
De un lado, seguirían estando exentas la indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por los daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida, es decir, las indemnizaciones por daños causados en accidentes de tráfico calculadas en base al “Baremo” o, las indemnizaciones reconocidas judicialmente y –añado– no necesariamente por sentencia.

De otro, se ampliaría esa exención al pago de las indemnizaciones pactadas en el seno de una mediación o similar y, siempre que se cumpla con los requisitos antes mencionados. Es decir, parece que la potencial modificación fiscal objeto de este artículo, lejos de restringir, amplía los supuestos en los que el pago de una indemnización quedará exento de tributación y no parece muy descabellado pensar que el espíritu de esta modificación sea el de considerar exentas aquellas indemnización por daños, no sólo derivados de accidentes de circulación, sino de cualquier tipo de accidente

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