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Jornada EY-MAPFRE

El sistema público de pensiones ante el reto demográfico

Mercado

Juan Pablo Riesgo, socio de People Advisory Services de EY, señaló que la relación entre el número de personas mayores de 65 años y el conjunto de la población casi llegará a duplicarse (del 19% al 32%) entre 2016 y 2050, mientras que la población en edad laboral (15-64 años) se reducirá en 5 millones. De este modo, el gasto en pensiones y asistencia social podría incrementarse hasta en 20 puntos más del PIB. Además, se reducirá significativamente la tasa de sustitución de las pensiones, por lo que insistió en la importancia de la previsión social complementaria. Ante esta situación, apuntó que la Administración debe estudiar medidas para garantizar la sostenibilidad, facilitar la información sobre la pensión futura, desarrollar el Segundo y Tercer Pilar de previsión social y fomentar el envejecimiento activo para aumentar la tasa de ocupación de las personas de más de 55 años. También remarcó el papel de las empresas en la planificación de la jubilación, mediante la preparación financiera de sus trabajadores, sistemas de previsión social y planes de empresa, retribución flexible, capacitación permanente de los empleados, etc.

Retos del escenario demográfico

Óscar Arce, director general de Economía y Estudios del Banco de España, abordó las perspectivas y retos del sistema público de pensiones ante un escenario demográfico que exige “reformas de calado”. Explicó que los dos pilares para la reforma del sistema deben ser la garantía de la sostenibilidad financiera y social mediante mecanismos automáticos que garanticen su equilibrio, así como la predictibilidad y claridad, abogando por las cuentas nocionales como herramienta para reforzar la contributividad y transparencia. También reclamó el desarrollo de productos financieros para transformar los activos inmobiliarios en activos financieros líquidos atractivos y seguros. Además, solicitó incentivos para la prolongación de la actividad más allá de la edad de jubilación.

Por otra parte, incidió en la “generosidad” del sistema de pensiones. Explicó que un trabajador que se jubilase ahora con 65 años, con 39 años cotizados y una base de cotización media del 40% de base máxima en su carrera laboral, obtendría un retorno del 3%, según los cálculos del Banco de España. Es decir, el capital aportado con sus cotizaciones debería tener un rendimiento del 3% para alcanzar la cantidad percibida durante su jubilación, teniendo en cuenta la esperanza de vida media actual.

El sector reclama incentivos

Carlos Esquivias, gerente de la Comisión de Vida y Pensiones de UNESPA, declaró que tenemos en el horizonte una “emergencia previsional”, ante la cual “es difícil tomar medidas a corto plazo, porque sus efectos son a largo plazo”. Además, puso el acento en que “las medidas que hay que tomar no son las que les gusta comunicar a los políticos”. En cuanto a las posibles soluciones, insistió en la necesidad de incrementar la información y transparencia sobre la pensión futura, defendió la adopción de sistemas automáticos como el Automatic Enrolment británico y reclamó incentivos para el ahorro destinado a la previsión social.

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, apuntó que el sector público debe diseñar un plan estratégico que precise qué modelo queremos tener en 2040-2045, adoptar medidas legislativas en el ámbito financiero -facilitar la liquidez de activos inmobiliarios, por ejemplo- y fiscales -deducción fiscal a las empresas que aportan a planes de empleo, etc.-, incentivar el ahorro a largo plazo – Segundo y Tercer Pilar- y proporcionar información y educación financiera. En cuanto al sector privado, indicó que debería promover el ahorro como gasto fijo -mediante aportaciones periódicas- y la reinversión del ahorro fiscal.

Diálogo social y consenso

La jornada concluyó con una mesa redonda en la que intervinieron Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social del departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE; Antonio González, coordinador de la Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT; y Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO.

Del Águila defendió el papel del sistema público de pensiones como un “instrumento de cohesión social y anticícilico”. Señaló que la solución a sus problemas no puede venir solo por el aumento de los ingresos, que podría impactar en la competitividad de las empresas, en el crecimiento económico y en la evolución de la demanda, por lo que también debe abordarse la reducción del gasto. Además, se mostró de acuerdo en la necesidad de impulsar el Segundo y Tercer Pilar e insistió en la importancia del consenso y el diálogo social.

Al hilo de ello, González especificó que el diálogo social debe abordar una tarea a corto plazo: corregir el desequilibrio de la Seguridad Social. Afirmó que no se trata de una crisis de gasto, sino de ingresos, causada por la crisis y sus efectos en el empleo, el descenso de los salarios, la política económica desplegada durante la crisis, etc. Pero también hay una tarea a medio y largo plazo: asegurar la financiación de las pensiones ante la jubilación de los ‘baby boomers’, que hará que el número de pensionistas aumente en un 50%. Manifestó que se debe derogar la reforma de las pensiones de 2013, ya que se ideó para mantener el gasto sobre el PIB cuando habrá muchos más perceptores, por lo que se recurrió a la disminución de su cuantía, aplicando el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad.

Bravo también manifestó la importancia del consenso en las futuras reformas y coincidió en que “debe desaparecer la reforma de 2013”. Reconoció que los retos del sistema de pensiones son importantes y hay problemas, “pero son manejables”. Afirmó que se debe actuar sobre los ingresos, el gasto y el comportamiento. Anotó que el aumento de los ingresos puede llegar a través de diversas vías, como el ajuste de la cotización a los ingresos reales, mecanismos redistributivos de la renta, políticas de natalidad, igualdad e inmigración, etc. Además, defendió el desarrollo de la previsión social complementaria, siempre que su impulso no implique un debilitamiento del sistema público.