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El Seguro español reclama “coherencia” y un calendario normativo razonable para la inversión sostenible

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El papel de la industria del Seguro como inversor institucional en sostenibilidad centró ayer el encuentro virtual organizado por Spainsif, en el que se ha puesto de relieve las incoherencias del calendario para la aplicación de la normativa europea.

Elena Tejero, representante de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, expuso los entresijos de un calendario que es poco probable que se cumpla el próximo 10 de marzo, fecha para la que está establecida la entrada en vigor del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y a los riesgos de sostenibilidad.

Es en esta fecha cuando las entidades deberán aclarar a sus clientes si sus productos integran o no los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), y cómo lo hacen. El problema es que aún no están aprobadas las normas técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) sobre la metodología y la presentación de dicha información que deben tener en cuenta las entidades a la hora de presentar su información. Esto, sin duda, dilatará el proceso, dificultando que esté listo para marzo ya que, si bien se espera que se aprueben este mismo mes, otro obstáculo es que posteriormente deberán superar otro trámite en la Comisión Europa.

En este “time gap” y de cara a ese periodo transitorio, se está pensando en qué se va a hacer desde que entre en vigor en marzo hasta que estén disponibles los actos delegados necesarios. Según se explicó, es previsible que las entidades tengan que utilizar una declaración de los supervisores en la que se indique al sector qué información se espera que faciliten en materia de sostenibilidad, para que las entidades «vayan acostumbrándose a este tipo de información, y se la puedan facilitar a los consumidores, por lo que también se pide desde el Seguro un registro centralizado.

La secretaria general de UNESPA, Mirenchu del Valle, lamentó también estas discrepancias en el calendario para la aplicación de la normativa europea, definiendo la situación de “delicada”, ya que a la incertidumbre que generan las nuevas normas se suma “que no contamos con un marco completo definido».

Recordó que el Seguro invierte 22 millones de euros diarios en la economía, generalmente con vocación de largo plazo, y que indudablemente “nos encontramos en la transición del sector asegurador a una economía no carbonizada”, en la que el Seguro puede hacer muchas más cosas de las que ya hace. Por ejemplo, “en materia de suscripción puede ayudar a la sostenibilidad, especialmente como conocedor de riesgos, ya que puede ayudar a mitigar que estos sucesos ocurran”. “Son múltiples las iniciativas, pero aún no hay un marco completo a escasos días de tener que cumplir con determinadas obligaciones en materia de divulgación”, dijo, destacando las dificultades que vive el sector para poner en marcha muchas de estas iniciativas e incorporar la información para adaptarse al marco corporativo.

“El tema del calendario presiona mucho a los actores. Entendemos que se quiera poner en marcha de manera rápida, pero también que sea razonable y factible. Vamos a tener que cumplir con sus obligaciones sin poder disponer aun de los RTS”, declaró. “Este sentimiento lo compartimos todos los operadores. Esta taxonomía completa es fundamental porque en base a ella se podrá generar seguridad jurídica y que los emisores empiecen a lanzar inversiones que cumplan estos criterios y que estos 22 millones de euros diarios puedan invertirse también en activos que cumplan estas características”, expuso.

Las aseguradoras como inversores institucionales e intermediarios financieros sostenibles

El encuentro ha contado también con una mesa redonda virtual, moderada por Carlos Magán, socio de Afi Inversores Globales, sobre el rol de ‘Las aseguradoras como inversores institucionales e intermediarios financieros sostenibles’.

Raúl Mateos, head of Advisory Investments de Willis Towers Watson, ha animado a las aseguradoras a liderar con sus productos e inversiones la lucha contra el cambio climático, Ha señala que “al margen del documento de divulgación que preocupa a la industria aseguradora europea, debemos tomar la iniciativa con aportaciones como el TCFD y ver la sostenibilidad no solo como un elemento regulatorio, sino como una oportunidad de inversión”.

Por su parte, Eduardo Ripollés, director de Negocio Institucional de MAPFRE AM, ha detallado el compromiso histórico del grupo asegurador con la inversión sostenible, tanto como gestores de activos, inversores y responsables del mandato de sostenibilidad de la propia compañía con criterios ASG. Como singularidad, se ha referido a la implementación de un modelo propio de medición de impacto.

Rafael Aldama, responsable de Ventas Institucional de DWS Iberia, ha señalado que “el mayor desafío que presentan las aseguradoras es a nivel de reporting, y las gestoras de activos podemos ayudar a trasladar una información más ordenada y estandarizada para facilitar las inversiones».

Finalmente, Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto, ha afirmado que es necesario “apoyar a las aseguradoras como agente clave de la sostenibilidad, en su triple papel de inversor, proveedor de cobertura y gestor de riesgos, mediante una regulación que no penalice las inversiones a largo plazo y en pymes, impulsando los flujos financieros hacia una economía más sostenible; de ahí la relevancia de una taxonomía clara y una mejora de los estándares de información no financiera”. Aspecto, este último, en que han coincidido todos los ponentes del panel.

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