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El CCS asume los daños por dos TCA en abril de "muy escasa incidencia"
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El aseguramiento de los riesgos catastróficos en España y el cambio climático

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Francisco Espejo Gil
Subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros

Como es bien sabido por todos los lectores de este medio, España tiene un sistema mixto para la cobertura de los riesgos de catástrofe. Los daños a la mayoría de los bienes, la pérdida de beneficios y los daños personales están cubiertos para los denominados “riesgos extraordinarios” (inundación, vientos fuertes y tornado, terremoto, tsunami, atentado terrorista, etc.) por el seguro del mismo nombre a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS); mientras que otros peligros (granizo y otros efectos directos de la precipitación, vientos inferiores a 120 Km/h, etc.) los cubren directamente las compañías aseguradoras. Los daños al sector agrario, para la práctica totalidad de las producciones y un abanico muy amplio de peligros, se cubren mediante el sistema de Seguros Agrarios Combinados, que involucra tanto al cuadro de coaseguro de entidades privadas y el CCS, gestionadas por Agroseguro, con CCS adicionalmente en su función de reasegurador, como a las administraciones, nacional y autonómica, que subvencionan buena parte de las primas. En el sistema participan también las asociaciones de agricultores y ganaderos.

Ateniéndonos a la composición de los daños del seguro de riesgos extraordinarios durante los últimos 30 años, el riesgo más costoso y recurrente, al igual que en el resto de Europa, es la inundación, que supone un 69% del total de los pagos. El siguiente, con un 17%, es el viento y el tercero es el terremoto con un 7% del total. Es decir, los riesgos naturales suponen el 93% del total de las indemnizaciones y, en particular, los de naturaleza hidrometeorológica (inundación y vientos fuertes) ascienden el 86% del total. Este último porcentaje es susceptible de verse modificado como resultado del cambio climático, de ahí la importancia de considerar sus posibles impactos en el sistema.

Es muy importante subrayar que España es un país con una enorme diversidad climática. Su posición, a caballo entre dos continentes y dos mares con características muy diferentes, además de un territorio muy compartimentado por la orografía, es la causa de que en su territorio aparezcan 13 climas distintos según la clasificación de Köppen-Geiger, que es la más difundida. La mayor parte de los países de Europa son mucho más homogéneos en este aspecto. Debemos destacar en este punto que los dos sistemas aseguradores, el de riesgos extraordinarios y el seguro agrario combinado, operan desde hace décadas en este entorno que abarca desde paisajes similares a Irlanda a los que se aproximan al Sahel. Es decir, si en España se quiere experimentar un cambio climático, en la mayoría de los casos basta con subirse a un automóvil y desplazarse una hora desde cualquier punto dado. Obviamente, cuando hablamos de cambio climático no nos estamos refiriendo a éste, sino al que están produciendo las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero sin duda la diversidad climática de nuestro país y la capacidad probada de los sistemas de seguro para dar respuesta en entornos muy diferentes son factores que conviene tener en cuenta a la hora de considerar su posible adaptabilidad futura.

A la hora de contemplar los impactos de este cambio climático antrópico procede diferenciar entre los riesgos que son de naturaleza hidrometeorológica (precipitaciones intensas -incluyendo al granizo-, inundación, vientos fuertes) de los que son de naturaleza climatológica (olas de frío y de calor, sequías, incendios forestales). Por supuesto, el cambio climático afecta a ambos tipos de riesgos, aunque de un modo diferente. En la actualidad ya se puede constatar un aumento claro de las temperaturas medias, que puede estimarse en el área mediterránea en el orden de 1,4ºC por encima del nivel preindustrial. Este aumento ha producido un cambio evidente en el número de días de helada y en la intensidad, frecuencia y duración de olas de calor, así como una extensión, de entre 10 y 15 días al año, de lo que se considera verano desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista de las precipitaciones, y al encontrarnos en general en un entorno mediterráneo en el que éstas se caracterizan precisamente por su irregularidad intrínseca, es más difícil ser concluyente, aunque la impresión general es que cada vez llueve “peor”: aumenta el número de días secos y, cuando llueve, la lluvia cae de forma aún más concentrada y torrencial. O sea, es más difícil extraer conclusiones –y realizar proyecciones- para los riesgos hidrometeorológicos que para los climatológicos cuyos efectos, como por ejemplo sequías e incendios forestales, se manifiestan con creciente crudeza en nuestro país. Considerando las coberturas de los sistemas aseguradores, el seguro de riesgos extraordinarios cubre riesgos hidrometeorológicos mientras que el seguro agrario combinado cubre tanto riesgos hidrometeorológicos como climatológicos. En 2017 y 2018 se ha dado la primera secuencia consecutiva de dos años con resultados negativos de seguro agrario en los que el reaseguro del CCS ha tenido que estabilizar el balance. Es muy probable que, aunque en menor cuantía, 2019 se una a esta serie. Sin duda, sería todavía muy aventurado relacionar inequívocamente este hecho con el cambio climático, pero podría ser un indicio. El aumento de temperaturas es un hecho y, aun suponiendo que las precipitaciones se mantuvieran sin cambios, la evapotranspiración es mayor, lo cual produce un aumento del estrés hídrico de las producciones agrarias y una mayor vulnerabilidad, en general.

Abstraigámonos por un momento del entorno español para repasar las conclusiones de un estudio encargado por la Comisión Europea a la Universidad Libre de Ámsterdam y a la consultora Ramboll en 2017 sobre ‘Seguro de riesgos relacionados con la meteorología y el clima: inventario y análisis de mecanismos para apoyar la prevención de daños en la UE’ . Entre las características identificadas como prácticas recomendables para el buen funcionamiento de estos sistemas de seguro figuran:

  • La combinación de varios riesgos meteorológicos extremos en una única póliza.
  • Que la adquisición del seguro de riesgos meteorológicos extremos esté vinculada a un producto de difusión más generalizada, como las hipotecas o el seguro de incendio.
  • La colaboración entre los sectores público y privado con un objetivo previamente acordado y asumido por ambas partes.
  • Que exista un pool nacional, un reaseguro o apoyo público para cubrir los daños catastróficos.

Es una buena noticia que los dos sistemas españoles para el aseguramiento de riesgos catastróficos cumplan todas estas recomendaciones.
Hagamos una serie de reflexiones consecutivas, con la intención de llegar a algunas conclusiones finales sobre esta materia: el seguro es un mecanismo para la transferencia del riesgo, y el riesgo es el resultado de la agregación de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. Todo hace indicar que, como consecuencia del cambio climático, en la mayor parte de los casos esa peligrosidad va a aumentar: mayor intensidad e irregularidad de las precipitaciones que aumentarán el riesgo de inundación, muy en particular de crecidas relámpago e inundaciones pluviales; aumento del nivel del mar que exacerbará el riesgo de inundaciones costeras; aumento de las temperaturas que aumentará el riesgo de sequía y de incendios forestales.

España dispone de unos sistemas de seguros que son flexibles, que tienen en cuenta a todas las partes interesadas y que han demostrado dar respuesta a entornos climáticos muy diferentes entre sí. En particular, el seguro de riesgos extraordinarios, al extenderse sobre toda la masa asegurada del país, permite que el potencial aumento de la siniestralidad pueda repartirse de forma que no se comprometa la asegurabilidad de los expuestos más comprometidos. Aquí, la palabra “compensación”, que forma parte de la denominación del CCS, adquiere todo su significado. A diferencia de la aproximación clásica a la cobertura de un riesgo complicado, en el que un pool de varias aseguradoras coaseguran un riesgo y se reaseguran, en la cobertura de riesgos extraordinarios el enfoque es el inverso: una sola empresa pública, el CCS complementando a todo el sector privado, hace un pool de riesgos difíciles y los asegura conjuntamente. Esos riesgos no tienen ninguna correlación entre sí, y aquellas zonas donde uno es más alto suele compensarse con las demás zonas de menor exposición a otros riesgos distintos, lo que justifica que la tarifa del recargo sea única y no dependa del nivel de riesgo. Esa tarifa es, en todo caso, muy asequible: el recargo medio que abona el propietario de una vivienda anualmente conjuntamente con su prima de seguro del hogar es del orden de 15 euros, y la mutualización de estos riesgos es máxima. En definitiva, el sistema, por su propia configuración, tiene una capacidad muy grande de absorber aumentos en la peligrosidad y además, incluye la flexibilidad para modificar coberturas, umbrales o tarifas del recargo cuando sea necesario.

No obstante, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del seguro de riesgos extraordinarios y del seguro agrario combinado es imprescindible trabajar en la reducción de la exposición y de la vulnerabilidad al riesgo. Para ello, el CCS trabaja con todas las instituciones nacionales con competencias en el conocimiento y gestión de estos riesgos y, consciente de su función dentro de la cadena de gestión del riesgo, tiene un enfoque cada vez más proactivo en su control y reducción.