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Detenido un corredor de seguros que se apropió de las primas de Vida y Accidentes de más de mil policías

Mediación

Varios medios digitales se han hecho eco este fin de semana del caso protagonizado por un corredor de seguros que presuntamente habría estafado aproximadamente un millón de euros a más de un millar de policías que contrataron con él seguros de Vida y Accidentes. Según se detalla, el detenido, L.J.S.Ch., cobraba a los agentes las mensualidades de su póliza y se quedaba con el dinero en lugar de ingresarlo a la aseguradora.

La estafa –indica por ejemplo ‘Voz Populi’- “se descubrió en febrero, cuando la familia de un policía fallecido no pudo cobrar el importe del seguro de vida que el agente había contratado con la compañía A., a través de S.P.E BROKERS, la correduría de L.J.S.Ch. Fue así como se descubrió que desde septiembre de 2013 el citado corredor de seguros se quedaba presuntamente con el importe de las primas de los seguros de más de un millar de agentes que la Dirección General de la Policía (DGP) detraía de sus nóminas y que él debía, a su vez, abonar a A. Las fuentes policiales consultadas por este diario sostienen que el corredor ingresaba el dinero en cuentas personales y hacía frente con él a los siniestros que surgían, hasta que le fue imposible hacerlo por falta de fondos”.

En la información se recuerda que el Seguro de Vida y Accidentes suscrito por los policías con la aseguradora a través de la referida correduría se remonta a mediados de los años noventa y había sido ofertado por la DGP como uno de los servicios más que presta a los funcionarios. Todo funcionó correctamente hasta septiembre de 2013, cuando LJ.S.Ch. dejó de ingresar a la compañía las cuotas de las primas para quedarse con ellas. En julio de 2015 esta remitió cuatro burofax a la DGP dándole cuenta de que hacía casi dos años que no cobraba las cuotas de los más de mil agentes asegurados y que dejaba en suspenso las pólizas. La DGP, por su parte, respondió que ella no había suscrito ninguna póliza en beneficio de sus funcionarios, sino que eran ellos los que a título individual, lo habían hecho y, en consecuencia, desconocía las razones de la incidencia. El importe mensual de las pólizas suscritas rondaba los 33.000 euros y el número de beneficiarios en febrero era de 1.132. Se estima que el importe del dinero sustraído se aproxima al millón de euros.