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Covid-19: principales incidencias en la administración de sociedades

BDSMercado

Por Ángel Linares Peña

INTRODUCCIÓN

La sorprendente propagación de la pandemia del Coronavirus por todo el mundo, ha supuesto un episodio histórico que no olvidaremos en toda nuestra vida y que provocará estudios y toda clase de literatura durante los próximos cien años o más.

La extensión de la pandemia ha llevado a muchos gobiernos, el español entre ellos, a tomar una serie de medidas excepcionales, de reducción de la actividad económica y social, encaminadas a controlar su propagación. Esta situación está afectando notablemente a todo el sistema económico mundial, aumentando la incertidumbre sobre el futuro.

Vamos a comentar la repercusión del problema en la economía de las empresas españolas en general. No nos referiremos al sector asegurador, debido a la ausencia de normativa específica para el sector en este asunto, que quizá hubiese sido procedente, aunque lo dicho es aplicable a las compañías aseguradoras.

Haremos nuestros comentarios centrándonos en la afección que a las sociedades ha supuesto la crisis en tres aspectos básicos: el gobierno, la contabilidad y su fiscalidad.

Respecto a la base legal de nuestros comentarios se ha publicado la siguiente normativa a nivel nacional, a la que habría que añadir la ingente normativa autonómica, que supera el ámbito de este articulo:

10/06/2020 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
27/05/2020 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19
13/05/2020 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo
01/04/2020 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
30/03/2020 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo
29/03/2020 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19
18/03/2020 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
18/03/2020 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
14/03/2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Como se puede comprobar, ha sido una auténtica avalancha legislativa, en muchos casos contradictoria o simplemente dedicada a modificar lo dispuesto en la anterior. Además, es importante resaltar que las medidas impuestas durante el periodo del estado de alarma rebasan ampliamente este, llegando en algunos casos, como veremos, hasta el final del ejercicio 2020.

DISPOSICIONES RESPECTO AL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

El Real Decreto-Ley 8/2020 a través de los artículos 40 a 43 incorpora medidas para la flexibilización del gobierno de las sociedades mientras dure el estado de alarma, aunque quizá algunas pervivan posteriormente al estado de alarma.

Las medidas impuestas durante el estado de alarma se han encaminado a dotar de lo que podíamos denominar “agilidad” al gobierno de las sociedades con la intención de mantener el curso normal de la vida de las empresas con la intención de conseguir que de una forma u otra sus miembros decisivos estén presentes en el gobierno de las mismas. Para ello registramos las disposiciones encaminadas a que las decisiones de gobierno puedan hacerse por video-conferencia y que las votaciones se puedan efectuar por escrito o mediante e-mails. Realmente estas disposiciones, en algún sentido, ya venían siendo demandadas desde hace tiempo, ya que en un mundo globalizado en el que consejeros y directores están viviendo o trabajando en distintas partes del mundo, hasta ahora hacía que fuese muy problemático el recoger sus votos y firmas en los distintos documentos de las sociedades, especialmente en las cuentas anuales. Entendemos que esta normativa no debería derogarse al final del estado de alarma sino, con las modificaciones, aclaraciones y matices que fuesen pertinentes, incorporarse a la normativa general de sociedades. Así mismo se faculta al notario que normalmente asiste a las juntas generales de accionistas a que no lo haga de forma presencial sino utilizando los medios de comunicación a distancia que fuesen precisos. Nos parece que esta disposición es también posible mantenerla en el futuro, aunque sería preciso conocer la opinión de estamento notarial.

Otras disposiciones de interés en este capítulo es el impedir la separación de socios que recoge el art. 348 de la ley de Sociedades de Capital, aunque entendemos no es una figura que pueda darse en estos momentos y menos en entidades aseguradoras, como tampoco los párrafos dedicados a la disolución de sociedades o a la solicitud de concurso.

Respecto a las sociedades cotizadas, estas tienen una especial atención, dando el plazo del uno de julio como plazo máximo para remitir a al CNMV tanto el informe financiero como el informe de auditoría y autorizando a que si fuese necesario la Junta General Ordinaria de Accionistas pueda convocarse con fecha límite del uno de noviembre.
Hasta aquí las medidas adoptadas respecto al gobierno de las sociedades que entendemos tienen gran interés cara al futuro, ya que, repetimos, alguna de ellas, puedan ser definitivas y no circunstanciales al estado de alarma.

DISPOSICIONES CONTABLES

Respecto a la formulación de las cuentas anuales

Hasta ahora, la fecha para la formulación de las cuentas anuales era de tres meses después del cierre del ejercicio social, o sea, si este cierra el 31 de diciembre su formulación tenia como plazo máximo el de 31 de marzo. La legislación estudiada dispone que ahora sea de tres meses desde el final del estado de alarma, o sea, si este termina el 21 de junio, el limite será el 21 de septiembre. No entendemos acertada esta disposición ya que, a la fecha del inicio del estado de alarma, el 14 de marzo, faltaban solamente quince días para la fecha límite de formulación y, por lo tanto, en casi todos los casos que conocemos, en esa fecha ya tenían formuladas las cuentas anuales o solo estaban a falta de algunos retoques. Dar tres meses más nos parece excesivo, sobre todo porque demoran los pasos siguientes. No obstante, estos plazos son límites y entendemos que la mayoría de las sociedades no harán uso de estas fechas máximas de aplazamiento.

Respecto a la aprobación de las cuentas anuales

Hasta ahora, la fecha límite para la convocatoria de la Junta General de Accionistas para la aprobación de las cuentas anuales era el 30 de junio, o sea, tres meses después de su formulación. Para el caso de que a la fecha de declaración del estado de alarma no se hubiese convocado la Junta general, la legislación que comentamos da tres meses, como antes, pero a partir de la nueva fecha de formulación, el 21 de septiembre tal como decimos en el párrafo anterior. Por lo tanto, la fecha de aprobación se desplazaría hasta el 21 de diciembre. Nos parece exagerado; se podrían haber acortado los plazos, pues dar información a los accionistas prácticamente un año después de haber ocurrido los hechos parece bastante inapropiado. Si llevásemos el caso al límite podría darse la circunstancia de convocar una junta general de accionistas el 20 diciembre para aprobar las cuentas del ejercicio de 2019 y quince días después convocar otra junta para aprobar las cuentas del ejercicio de 2020. Como el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil se debe hacer un mes después de la celebración de la junta podría darse el caso de depositar al mismo tiempo las cuentas de 2019 y de 2020.

Por último, se dispone respecto a la aprobación de las cuentas anuales que, si la convocatoria de la Junta General de Accionistas hubiese sido antas del 14 de marzo, fecha del inicio del estado de alarma, esta se puede modificar mediante una revocación del acuerdo y convocatoria de una nueva junta dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma, o sea, hasta el 21 de julio.

Respecto a la legalización de los libros contables

La legislación que comentamos da tres meses tras el fin del estado de alarma para formular las cuentas, o sea, hasta el 21 de septiembre y un mes más para legalizarlos, o sea, hasta el 21 de octubre.

Respecto a la auditoría

En cuanto al plazo que tiene el auditor para la realización de su trabajo la nueva normativa ha dispuesto lo siguiente: Si a la fecha de declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, ya se hubiesen formulado las cuentas anuales, el plazo para la realización de la auditoría sería de dos meses después de la finalización del estado de alarma, o sea, del 21 de junio al 21 de agosto. Si no se hubiesen formalizado a la fecha de 14 de marzo, el plazo sería de un mes tras la formulación de las cuentas, o sea, las fechas tope serían:

  • Fin del estado de alarma 21 de junio
  • Formulación de las cuentas anuales 21 de septiembre
  • Auditoria 21 de octubre
  • Aprobación de las cuentas anuales 21 de diciembre

Apuntamos como punto de importancia el que en la auditoría se prestará una gran atención al capítulo de Hechos Posteriores, que entendemos serán los hechos acaecidos entre el cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2019, la presentación del primer caso de covid-19 en España, el 31 de enero de 2020, la fecha del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y la presentación de las cuentas anuales, el 21 de septiembre de 2020.

Pero ¿Qué se entiende por Hechos posteriores? Son aquellos que se registran entre el cierre contable al 31 de diciembre y la fecha de formulación de las cuentas anuales, el 31 de marzo, y en algunos casos fehacientes, como el que comentamos de la pandemia actual, podría prolongarse hasta la fecha de aprobación de las cuentas anuales. Si se trata de hechos muy significativos podría tener la consecuencia de que se tuviesen que reformular las cuentas anuales. Evidentemente, tal como hemos dicho, la crisis del Covid-19 es un hecho posterior al cierre de cuentas muy a tener en consideración por los auditores.

Se nos ocurre que los hechos posteriores que podrían tener mayor importancia serian para las empresas que dependan de importaciones y mas si son de China, y en lo que respecta a empresas de otro tipo, entre las que se encuentran las aseguradoras afectarían al cálculo de las amortizaciones y en el posible deterioro del inmovilizado material de lo que hablaremos a continuación. En las compañías aseguradoras se puede pensar en una caída de cartera o en una mortalidad anormal que afectase a los seguros de vida entera. Así mismo para todas las sociedades no debemos despreciar el impacto laboral al que no nos hemos referido especialmente ya que dependerá de muchos factores, como el volumen de empleo o la posibilidad de haberse acogido a las ayudas estatales prometidas.

De cualquier forma, entendemos que las compañías aseguradoras no son de las más perjudicadas por este asunto.
Es imprescindible que el auditor pida a la sociedad la redacción de un informe sobre cómo les ha afectado la crisis del Covid-19 para que si lo estima conveniente lo adjunte a su informe de auditoría o le sirva para redactar un párrafo de énfasis en su informe.

Respecto al Informe de Gestión

Afectaría principalmente a la descripción de los principales riesgos e incertidumbres que afecten a la sociedad por la crisis del Covid-19 que sin duda deben referirse en el informe.

Entendemos que los puntos básicos a formular serían los siguientes:

  • Descripción del negocio y posibles efectos del Covid-19 para la sociedad y su continuidad.
  • Afección al empleo.
  • Posibles riesgos advertidos.
  • Descripción de la actividad de la sociedad durante la afección del Covid-19.
  • En lo que respecta a la información no financiera las consecuencias no financieras de la afección de los riesgos descritos con anterioridad.

Riesgos a consecuencia del Covid-19 por áreas empresariales durante el ejercicio 2020

Inmovilizado material, intangible y Fondo de Comercio
En esta área la afección más importante sería la del posible deterioro de los activos. Esto tiene importancia en cuanto que implicaría una revisión de los presupuestos del ejercicio 2020 que deberían ser corregidos y así mismo con los planes de negocio. También se debe tener en cuenta las posibles variaciones de los tipos de interés y descuento, lo que implica que hubiera entidades que se encontrasen en el tercer y cuarto trimestre del 2020 en dificultades financieras. En cuanto a las entidades que tengan entre sus activos inversiones inmobiliarias, debe tenerse en cuenta una posible caída en el nivel de ocupación lo cual nos llevaría, tal como hemos dicho, a un deterioro del valor. También se nos ocurre el caso de las sociedades que en estos momentos estén realizando alguna obra en sus propiedades, considerar si tienen alguna clausula en el contrato de obra que esté relacionada con retrasos en la entrega de la misma, lo cual podría llevarnos a estudiar la activación de los mismos, aunque sería un asunto complicado.

Activos financieros
Se debe considerar el impacto del coronavirus y las posibles pérdidas esperadas en la valoración de los mismos, los cuales deben ser valorados a “valor razonable” con el consiguiente impacto que ello tendría en los resultados de la sociedad. Se debe hacer un seguimiento de la evolución de las bolsas, aunque es de prever que al fin del ejercicio 2020 puedan recuperarse. En el caso de entidades aseguradoras este punto es de crucial importancia.

Existencias
Como consecuencia de la subactividad será necesario revisar el valor de las existencias ya que es posible que estas crezcan, pero que su valor disminuya. Esto nos lleva a revisar los planes de ventas y presupuestos, tal como hemos dicho con anterioridad.

Arrendamientos
Al igual que en el área anterior, se pueden producir un deterioro en el valor de los activos que nos lleve a que se produzca una caída en los ingresos, que podrían no sean suficientes para cubrir los costes. Pensamos que en este sentido es una oportunidad de negocio la necesidad que se está produciendo de adquirir o arrendar naves y locales para almacenar productos que no ha sido posible vender. También registramos casos de que haya sido necesario otorgar periodos libres de renta en viviendas y locales. Esto esta siendo frecuente y sería necesario acordar con los inquilinos las condiciones y plazos para su devolución, y si esto no se produce, las medidas a tomar. Atención al impacto que todo esto tiene en el IVA.

Activos por impuestos diferidos
A causa de los posibles deterioros antes mencionados, habría que revisar las previsiones de recuperación de los activos por impuestos diferidos, aunque entendemos que en este asunto no se puede generalizar, pues es difícil ver dos casos iguales.

Subvenciones
En este apartado vamos a encontrarnos con el problema de analizar si las medidas económicas adoptadas o que pueda adoptar el gobierno se pueden considerar subvenciones o no. No podemos tomar una postura ya que es asunto que todavía no se ha desarrollado en plenitud, pero sería necesario ver en que condiciones se conceden y si tienen alguna cláusula de reintegro.

Pasivos financieros
En esta área lo que más me alarma es que las empresas puedan reducir sus ratios de solvencia con las consecuencias que ello conlleva respecto a la renovación de los créditos.

Retribuciones al personal
En este caso nos referimos al impacto que se haya producido por los gastos que hayan podido producirse en la aplicación de los Ere´s o de los Erte´s que son suspensiones temporales de empleo. Deben evaluarse y proceder en consecuencia teniendo en cuenta que dichos gastos pueden ser considerados de subactividad. En el caso de despidos, si se ha producido alguno se les daría un tratamiento normal, no diferente al habitual.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Evidentemente, la situación creada por el Covid-19 es excepcional. Las pérdidas que hayan podido producirse son excepcionales, por lo que deben considerarse de forma separada en la memoria. Relacionado con el apartado de subvenciones, así mismo cualquier compensación que se pueda producir debe clasificarse igualmente como un ingreso excepcional.
Como cierre de este apartado si analizamos lo dicho, se puede comprobar que nos encontramos ante una situación excepcional que va a exigir la máxima dedicación de los equipos financieros y contables de las sociedades, analizando todos los hechos que se van a ir produciendo ahora y bastante tiempo después, ya que la normalidad volverá, pero dentro de algún tiempo. Por todo ello las decisiones que en este capitulo puedan tomarse van a tener repercusión durante algunos ejercicios. Debemos prepararnos para ello y empezar a actuar en consecuencia.

MEDIDAS FISCALES

En este apartado merece destacarse la dejadez del gobierno en cuanto a ayudas fiscales a las empresas para salir del problema. Se percibe que la actuación fiscal del Estado es de mala gana y solamente para cubrir el capítulo.
Este apartado presenta dos capítulos:

Aplazamiento de las deudas tributarias
Solo está dirigido a las pequeñas empresas ya que afecta a sociedades con un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 €, (si llegan a ser 0,05 €, vaya catástrofe) en el año 2019 y se refiere únicamente al aplazamiento de deudas tributarias. Para sociedades con mayor volumen no se menciona nada.

Aplazamiento de pagos
Se aplicará solo a las siguientes situaciones:

  • Deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la administración.
  • Pago de deudas tributarias una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio.
  • Vencimiento de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
  • Plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicaciones de bienes.
  • En otras disposiciones se concede para autónomos y pymes algún otro beneficio en cuanto a la moratoria de pagos.

En estos casos, y solo en estos, se aplazará la deuda tributaria solamente cuando el plazo no haya concluido a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de 18-3-2020 y solo hasta el 30 de abril de 2020 y cuando se comuniquen a partir del 18-3-2020 el aplazamiento será hasta el 20 de mayo.

En lo que respecta a la Seguridad Social, no se hace mención alguna, por lo que entendemos que no se concede ninguna facilidad para su abono.

CONCLUSIÓN

Como se comprenderá esto ha dado lugar a un auténtico escándalo, pues los asesores fiscales han visto imposibilitado su trabajo y los autónomos y las pymes probablemente no lleguen al pago de sus impuestos, con lo que se espera una auténtica oleada de sanciones. Debemos tener en cuenta que los despachos de asesoramiento fiscal tienen a su personal teletrabajando o enfermos y, además, tienen que conseguir documentación de sus clientes, que son empresas que están cerradas. Si a esta situación añadimos que las oficinas de la Agencia Tributaria permanecen cerradas y no contestan a las consultas y aclaraciones que se les solicitan, vemos un cuadro caótico al cual no pueden hacer frente los asesores fiscales, que están prácticamente ahogados e imposibilitados para hacer su trabajo.