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Competencia investiga operaciones de concentración no autorizadas en Decesos y en servicios funerarios

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga la posible ejecución en los mercados de seguro de Decesos y de prestación de servicios funerarios integrales de varias operaciones de concentración notificables sin contar con la preceptiva autorización previa prevista (lo que se conoce como “gun jumping”). La institución también investiga la posible coordinación previa entre las empresas partícipes y el suministro a la propia Comisión de información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa. 

Expansión y El País coinciden hoy en que se investiga la operación acordada entre Funespaña y Albia, filiales de MAPFRE y Santalucía, respectivamente. De salir adelante la fusión de estas dos sociedades, la entidad resultante superaría a Memora, la mayor funeraria de España en la actualidad.

Las prácticas, que se habrían desarrollado tanto antes como después de la notificación de la operación de concentración a la CNMC, podrían constituir infracciones de los artículos 62.3 d), 1.1 y 62.2 c) de la Ley de Defensa de la Competencia.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación del organismo.

A raíz de la información recabada por la Comisión en el marco de las operaciones que analiza, los días 8 a 10 de septiembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de diversas empresas activas en los mercados de seguro de Decesos y de prestación de servicios funerarios. Se trata de la primera inspección que se realiza en el marco del análisis de una concentración económica notificada.

Estas inspecciones suponen la reactivación de la actividad inspectora de la CNMC, paralizada durante los últimos meses como consecuencia de las restricciones derivadas de la Covid-19.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.