Artículo de Opinión del despacho Vizcaíno, Santamaría y Olvera Seañez

‘La obsolescencia del arbitraje ante Condusef’

A cualquier abogado defensor de Instituciones Financieras, en procedimientos llevados ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Condusef), le debe parecer natural que terminado aquél conciliatorio, se deba solicitar y se dejen a salvo los derechos de las partes a efecto de que los mismos se hagan valer ante la instancia judicial pertinente, y no así someterse al procedimiento arbitral contemplado dentro de la ley que regula el proceder de dicha comisión, de acuerdo a lo dispuesto por sus artículos 68 fracción VII, 72 bis, 72 ter, y del 73 al 84.

Por Pablo Vizcaíno - 22/02/2012

Pablo Vizcaíno, despacho de abogados Vizcaíno, Santamaría y Olvera Seañez

En principio debe decirse que dicho arbitraje lejos de implicar una opción inviable para las instituciones financieras, idealmente deberá significar la posibilidad de solucionar controversias de forma flexible, involucrando a uno o más especialistas de la materia para su resolución, evitándose con ello gastos excesivos, juicios largos y sentencias desapegadas de debido sustento técnico.

Ahora bien, sin perjuicio de ello, lo cierto es que a esta fecha la Condusef no ha otorgado la confianza necesaria a los defensores legales, a efecto de que estos decidan optar por este medio de resolución de controversias, en lugar de preferir las saturadas y muchas veces ineficaces instancias judiciales, dada su inexperiencia en la técnica de materias financieras.

Pero, ¿cuáles han sido los motivos en la constante evasiva o reticencia de tales instituciones al procedimiento arbitral ya referido? Quizá las más importantes razones recaigan en los siguientes puntos:

1. Desde su creación en el año 2000, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Condusef tiene como finalidad el promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras.

En estricta interpretación del citado artículo, resulta claro que Condusef es un organismo que debe guardar cierta parcialidad en defensa de los intereses de los usuarios, dado el fundamental principio de establecer equidad entre las partes y tomando en consideración que, por sus condiciones económicas, es predecible que las referidas instituciones financieras cuenten con mayores medios y conocimientos para salvaguardar sus intereses, con lo cual debe socorrerse a la clase desprotegida de los usuarios.

Sin embargo, esta idea de “parcialidad” no resulta compatible ni deseable llevada al ámbito del arbitraje, mas aun y cuando Condusef fungirá como árbitro o resignante de los árbitros en este tipo de procedimientos, cuestión que entendiblemente ya constituye un elemento de rechazo por este medio de solución, puesto que nadie está en condiciones de aceptar desventaja antes de iniciar una contienda jurídica.

2. Con independencia de lo ya planteado, las reglas del procedimiento arbitral a que se refiere el artículo 72 Bis de la misma Ley, publicadas en el diario oficial de la federación el 6 de julio del 2000, refieren la posibilidad de designar ya sea un árbitro independiente de la propia Condusef, o bien, un panel arbitral, cuestión que en primer término podrá allanar el inconveniente descrito en el inciso anterior.

No obstante, de acuerdo a los artículos 46 a 54 de las mismas reglas, se establece la obligación de las partes en cubrir los honorarios de cada uno de los árbitros por partes iguales desde el inicio del procedimiento, de acuerdo a un tabulador ah establecido, y con independencia de aquellos que deben pagarse a los abogados defensores, cuestión esta que implica un obstáculo tanto para el usuario como para la institución financiera al tener que desembolsar una cantidad determinada, a priori, sin perjuicio de que ello por obvias razones no les garantiza el resultado favorable del arbitraje.

Por tanto, dicha circunstancia necesariamente tiene la consecuencia de que las partes opten preferentemente por hacer valer sus derechos ante las instancias judiciales, en las cuales existe la garanta de gratuidad en la impartición de justicia.

3. Finalmente, y hecho el análisis del procedimiento arbitral estatuido en estricto derecho dentro de la Ley de Condusef en sus artículos 75 y 76, se ha constatado que contrario a la flexibilidad que debe prevalecer como una ventaja respecto de aquellos judiciales, dicha regulación guarda una estrecha semejanza con el rigor de estos últimos en las formalidades de formación de la litis, desahogo de pruebas, alegatos y dictado del laudo, cuestión esta que en nuestro parecer y sin lugar a dudas provoca que el mismo arbitraje resulte poco atractivo al interés de las partes para dirimir sus controversias, y que aunado a los incisos anteriores, implica que el mismo deje de buscarse como una opción asequible en la solución de sus problemas.

Ante estas consideraciones, existe una imperativa necesidad de que la CONDUSEF revise y establezca reformas que permitan la funcionalidad y eficacia del arbitraje como una verdadera posibilidad de solución de controversias financieras, pues de lo contrario se estar como ocurre hoy en día, con buenas intenciones y escasos o nulos resultados en beneficio de las partes involucradas.

Palabras clave:  méxicobdsalcondusefcomisión nacionainstituciones financieras

 

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