AXA y El Nuevo Lunes ha celebrado su XXII Jornada sobre Vida, Pensiones y Previsión Social, que se desarrolló en tres mesas redondas en las que se analizaron las grandes reformas previstas: la laboral, la del sistema público de pensiones y la de la previsión social complementaria. Javier de Agustín, consejero delegado de la aseguradora, remarcó en la inauguración la demanda del sector asegurador de fomentar todos los instrumentos de previsión empresarial e individual con medidas tales como favorecer el cobro de las prestaciones en forma de renta vitalicia, volver a la separación de los límites de aportaciones entre empresa-trabajador, permitir seguros de Dependencia financiados por las empresas, crear una modalidad de PIAS con garantía de tipo de interés, y volver a fomentar el ahorro previsión a medio y largo plazo, diferenciándolo del ahorro especulativo.

Completa unanimidad por parte de políticos y expertos sobre la idoneidad del momento para afrontar una reforma profunda del actual sistema de pensiones. Así lo confirmaron ayer -en la jornada ‘La reforma de las pensiones a debate’, organizada por UNESPA y el Instituto de Empresa- tres políticos representantes de PSOE, PP y CiU, que participan en la Comisión del Pacto de Toledo. Se mostraron dispuestos a ello y con elementos que permiten llegar al acuerdo. Además, los tres expertos que cerraron la mesa de debate sobre la reforma de las pensiones, incluido Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, coincidieron también en la misma opinión.

ZURICH hizo público ayer un comunicado en el que valora “positivamente” las aportaciones del Gobierno a la revisión del Pacto de Toledo en cuanto a la regulación de los sistemas complementarios de pensiones, contempladas en el informe aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de enero, aunque cree conveniente “implementar otras medidas de impulso para adaptarse a la realidad actual”.

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ha organizado una mesa de debate para analizar las perspectivas económicas actuales y su repercusión en el futuro de las pensiones, en la que han participado los diputados Isabel López i Chamosa (PSOE), José Eugenio Azpiroz (PP) y Carles Campuzano (CiU), junto con el presidente del Consejo General, José Mª Campabadal y otros miembros de la institución.

En entrevista para ABC, Mariano Rabadán, presidente de Inverco, defiende la convivencia entre el sistema de pensiones público, basado en el reparto, y el privado, de capitalización, así como la complementación de la pensión pública con instrumentos de ahorro privados, algo que en su parecer es necesario y debería ser percibido por la sociedad como algo natural, sin crear alarma, ya que "las pensiones públicas y privadas deben convivir sin enfrentamientos". Sobre los planes de pensiones de Empleo, Rabadán considera que habría que fomentar una mayor promoción, ya que "en España hay un déficit muy importante de estos productos promovidos por las empresas". Sobre las reformas necesarias para el sistema privado de pensiones, el presidente de Inverco señala que "sería muy importante mejorar la fiscalidad de salida de estos instrumentos" ya que "no es muy razonable que al reembolsar el plan se tribute sobre el 100% al tipo marginal. Lo lógico sería que parte de los rendimientos tributaran al 18% que es el tipo que se aplica a la tributación del ahorro", puntualiza. Para el sistema público de pensiones, Rabadán considera necesario apoyar un sistema público de reparto, el cual "requiere reordenar sus parámetros de acuerdo a la evolución económica y demográfica". En este aspecto, el presidente de Inverco cree necesario una revisión del Pacto de Toledo cada cinco años para que "de verdad se lleven a cabo los ajustes. Por ejemplo, nos parece bien que aumente la proporcionalidad entre los años cotizados y la pensión final que se cobrará. Ahora, quienes cotizan durante los últimos quince años, cobran el 50% de la pensión y sólo si se cotizan 35 años o más se cobra el 100%", explica. Así, Rabadán finaliza la entrevista reflexionando que "lo más razonable sería que la persona que trabaja más años reciba una pensión mayor. También parecería lógico alargar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión".