La pasada semana, coincidiendo con la reunión del Comité de Directores de BIPAR, el representante de ADECOSE en el mismo, el director gerente Borja López-Chicheri, y Blanca Garduño, adjunta a la dirección de la asociación, han mantenido encuentros en el Parlamento Europeo en Bruselas con tres europarlamentarios españoles: María Irigoyen y Antolín Sánchez Presedo, del Grupo Socialista; y Salvador Garriga, del Grupo Popular. En estas reuniones, avanza la propia asociación, se ha transmitido, en el marco de la futura Directiva de Mediación, “la solidez del seguro y el papel de las corredurías de seguros como distribuidores esenciales del sector asegurador, haciendo especial hincapié en el valor añadido que aportan al cliente”.

ADECOSE considera que existe suficiente base jurídica para que se pueda desvincular la contratación del seguro de la de un crédito hipotecario si se tiene en cuenta la normativa europea actualmente existente. Por ello, en el marco de la discusión sobre la Directiva hipotecaria, ha remitido un informe a los europarlamentarios españoles sobre los límites de venta de seguros por parte de las entidades crediticias, que existen tanto en algunos países del ámbito europeo como en la normativa actualmente vigente en España, además de ofrecer una serie de recomendaciones a organismos europeos al respecto.

A través de su director gerente, Borja López-Chicheri, ADECOSE ha participado en Bruselas, el martes y miércoles de esta semana, invitado por el Parlamento Europeo, en unas jornadas relativas a la Directiva sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, normativa que está siguiendo muy de cerca, particularmente en la vinculación Banca y Seguros. De hecho, estaos encuentros son la continuación de otras organizadas por el propio Parlamento Europeo sobre esta materia, en diciembre en Vigo, a las que también acudió Borja López-Chicheri y Blanca Garduño, adjunta a la Dirección de la asociación. ADECOSE ha sido la única organización del sector asegurador que ha participado en ambas jornadas.

Solvencia II preocupa, y mucho, a la industria aseguradora, aunque aún queda un largo camino. Esta fue una de las conclusiones que se puso de manifiesto en el Desayuno de trabajo organizado por 'Actualidad Aseguradora' ayer en Madrid –y que se repetirá el 23 de febrero en Barcelona- bajo el título 'Solvencia II: trabajos pendientes hasta 2014'. La convocatoria contó con la asistencia de más de 50 ejecutivos de los principales grupos del mercado español, así como representantes de firmas consultoras y despachos de abogados, entre otros colectivos profesionales.

Coincidiendo con la reunión semestral de la Federación Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR), celebrada el lunes y martes de esta semana, una delegación de ADECOSE -compuesta por su presidente, Martín Navaz, el vicepresidente, Juan Ramón Plá, el director gerente, Borja López-Chicheri y Blanca Garduño, adjunta a la dirección- ha mantenido reuniones con los europarlamentarios Antonio López- Istúriz (secretario general del Partido Popular Europeo), Ramón Tremosa (CIU) y Pablo Zalba (Grupo Popular). En estas reuniones, la asociación ha transmitido el valor que aportan las corredurías de seguros como distribuidores esenciales del sector asegurador en el marco de la futura Directiva de Mediación, cuya propuesta publicará en los próximos meses la Comisión Europea.

Establecer una red de agencias europeas de calificación que sea “totalmente independiente”, es lo que pide el Parlamento Europeo a la Comisión. La principal característica sería que las agencias operarían a nivel nacional y podrían ampliar su ámbito de actuación, aumentando la competencia a un sector dominado por Fitch, Standard and Poor's y Moody's, y sustentándose con las aportaciones del sector financiero, según informa 'Europa Press'. 

El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer un informe, con 535 votos a favor, 85 en contra y 57 abstenciones, en el que insta a que, en un contexto de crisis económica y de envejecimiento de la población, los Estados miembros reaccionen para garantizar unos sistemas de pensiones que aseguren unos ingresos adecuados. También urge en él a que los Estados miembros que prevén introducir cambios en sus sistemas de pensiones como consecuencia de la crisis financiera, velen por la estabilidad la fiabilidad y la sostenibilidad de todos los sistemas de pensiones y a que garanticen que todos los cambios se realicen al término de un diálogo social adecuado.

La Eurocámara aprobó ayer la legislación que reforma la supervisión financiera en la Unión Europea. Tal y como hemos ido informando en las últimas semanas, la nueva normativa prevé el establecimiento de tres autoridades europeas de supervisión (para el sector bancario, para los mercados de valores y para los seguros). Además, habrá un cuarto organismo de control, que alertará del incremento del riesgo en la economía de la UE. Estas autoridades estarán operativas en enero de 2011. En el caso de la a Autoridad Europa de Seguros y Pensiones, tendrá su sede en Fráncfort (Alemania).

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron ayer el nuevo sistema de supervisión financiera común, que pretende detectar a tiempo los grandes riesgos para el sistema y evitar prácticas abusivas del sector financiero que puedan llevar a una nueva crisis. La reforma creará, a partir del 1 de enero de 2011, un sistema de alerta que detecte riesgos para la economía y tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros) para mejorar la coordinación entre supervisores nacionales. Una vez aprobado por el Ecofin, sólo queda que el próximo 22 de septiembre sea ratificado en la sesión plenaria de la Eurocámara.

El Parlamento Euroepo aprobó ayer las nuevas medidas que pretenden mejorar la transparencia e independencia de las agencias de calificación crediticia, exigiendo su registro para que puedan actuar en la Unión Europea, evitando los conflictos de intereses y estableciendo criterios para una evaluación más correcta de los riesgos. El reglamento, aprobado con 569 votos a favor, 47 en contra y 4 abstenciones, trata cuestiones como la rotación de analistas, la supervisión y el registro de las agencias, que afectan especialmente a las tres grandes firmas: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Así, por el principio de rotación, los analistas sólo podrán responsabilizarse de una misma empresa durante un periodo máximo de cinco años, de manera que se asegure la independencia de la calificación, lo que evitaría el conflicto de intereses. Otra de las normas aprobadas ayer establece que los Consejos de las agencias deberán contar al menos con dos miembros independientes, cuya remuneración no esté basada en los rendimientos de la empresa, y deberán informar sobre los criterios que utilicen para elaborar sus valoraciones. Además, los consejeros independientes deberán ser nombrados por un solo mandato de cinco años y sólo podrán ser sustituidos por falta profesional. La nueva norma deberá ser aplicada por los Estados Miembro en seis meses, y un año y medio para las disposiciones que afectan a las agencias de fuera de la UE. Sobre la nueva normativa, Standard & Poor's consideró ayer que debería "tranquilizar al mercado sobre la calidad y la integridad de los ratings", y debería fomentar "la confianza en las calificaciones crediticias y en los mercados". Subrayó, además, que la aplicación coherente de la normativa de la UE es fundamental para el mercado, "que necesita la seguridad de un enfoque común para los ratings", y destacó que la firma ha incluido el nombramiento de un ombudsman (defensor del cliente) y que ha adoptado una serie de medidas para aumentar la transparencia, independencia y la calidad del análisis de las calificaciones, así como facilitar más información a los inversores.