El Colegio de Mediadores de Seguros de Girona ha contado, dentro de los actos organizados para celebrar su XXXVII Edición de la Semana Mundial del Mediador de Seguros, con la presencia del director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano. De hecho, fue el protagonista de la jornada del día 18, cuando, según lo previsto, el presidente del Colegio anfitrión, Antoni Godoy, le entrevistó en directo.

A.M.A. ha confirmado la retirada de las tres querellas admitidas a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid contra el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, que se encontraban en fase de pruebas, tal y como adelantaba el presidente de la mutua, Diego Murillo, en entrevista a 'Actualidad Aseguradora'.

En la tarde de ayer, MAPFRE emitió un comunicado sobre la resolución de la CNC, en el que afirma, en primer lugar que “discrepa absolutamente de la Resolución, tanto porque la infracción imputada es inexistente, como porque la sanción impuesta es desproporcionada y carente de apoyo legal”. Anuncia que alegará todo ello en el recurso correspondiente. Por su interés, a continuación reproducimos el resto del comunicado de MAPFRE: “Hay que destacar el fundado voto discrepante de Don Fernando Torremocha, vicepresidente del Consejo de la Comisión que, entre otros muchos extremos, afirma que la Resolución “ha deslocalizado su real objeto o causa de infracción”. El Sr. Torremocha se hace eco de la realidad de la operativa cuestionada, que analiza extensa y detalladamente y que es consecuencia de la implantación de un seguro obligatorio de nueva creación, cuya cobertura por las entidades aseguradoras sólo es posible con el concurso del reaseguro, lo que ha requerido una determinada actuación, dentro siempre de la más absoluta corrección. En este sentido, el texto del voto discrepante destaca que la Resolución ignora y hace abstracción de lo que son una compañía aseguradora y una compañía reaseguradora, de cuáles son sus interrelaciones, y de cómo y de qué manera confluyen en el aseguramiento. Asimismo, destaca importantes defectos procedimentales y sustantivos en el expediente y considera excesivo el importe de las sanciones, respecto de las que señala entre otros aspectos que, al estar en presencia de múltiples indefiniciones respecto a elementos tan importantes como los mercados afectados, el eventual beneficio obtenido, la falta de concreción de la distinta participación de cada una de las entidades, etc. la Resolución “no está capacitada para imponerles una sanción de hasta el 10% del volumen de ventas, sino tampoco de hasta la cifra cerrada de 901.518,16 euros”. Por último, hay que tener en cuenta que en la actualidad está en plena revisión por parte de la Comisión Europea la aplicación del Derecho de la Competencia al sector asegurador, precisamente por la necesidad de dotarlo de un marco normativo que ofrezca la necesaria seguridad jurídica para los distintos operadores del mismo y que evite resoluciones que, como la presente, pueden comprometer la viabilidad misma de un seguro que, por un lado es obligatorio y por el otro sería inasumible de asegurar por una sola compañía de forma responsable”. Esta Redacción ha contactado con otras entidades afectadas y en todos los casos se reconoce asimismo que se está estudiando el caso y que optarán por la vía del recurso, en todos los casos apoyándose en las argumentaciones del voto particular. Sanción “desproporcionada”, según UNESPA Fuentes de UNESPA califican la sanción impuesta a las compañías como “desproporcionada” en relación al peso que tiene el seguro Decenal y, según recoge Europa Press, se trata de una multa que “no responde a una investigación sectorial”. Además, señalan que la CNC no se ha dirigido a la asociación empresarial durante la tramitación del expediente sancionador.

El próximo 23 de noviembre está prevista una reunión entre, por una parte, representantes de la Asociación Gallega de Corredores y Corredurías de Seguros (AGACOSE) y de la Asociación Catalana de Corredores de Seguros (ACCA) y, por otra parte, miembros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), organismo al que también remitieron, en su día, el texto de la denuncia presentada por ambas asociaciones ante la Comisión Nacional de la Competencia contra 32 bancos y cajas de ahorro por presuntas prácticas ilegales (ver BDS de 3 de noviembre). La pasada semana, los máximos responsables de ambas asociaciones informaron, en una jornada de puertas abiertas, a más de 200 corredores y corredurías de seguros sobre el estado de estas denuncias, cuya finalidad es que “se declare que las prácticas que vinculan los precios de las hipotecas, e incluso la concesión de éstas, a la contratación de seguros en entidades filiales de las financieras o a través de mediadores dependientes de éstas, son contrarias a la legislación vigente y, por lo tanto, se prohíban”, según la información remitida por las asociaciones de corredores. En el acto, celebrado en Santiago de Compostela, AGACOSE y ACCA expresaron que, aunque los seguros no tienen nada que ver con la operación principal, las entidades financieras "imponen" su contratación y, si el cliente no accede a ello, no puede suscribir la hipoteca o le sale más cara, por lo que "desaparece la libertad de contratación" y se da un caso de imposición, "proscrito por la vigente Ley de Mediación". Ambas asociaciones apuntan que esta práctica está totalmente generalizada y en la propia denuncia se ha aportado un completo informe documental, mediante el que se acredita que, en las propias web de las entidades denunciadas, se informa abiertamente de esta práctica “coactiva”. Las asociaciones consideran que las entidades financieras se aprovechan de la necesidad del cliente de conseguir dinero, para obligarlo a contratar productos que nada tienen que ver con la operación principal. Asimismo, afirman que nada tienen que objetar a la comercialización de seguros por parte de las entidades financieras, siempre que se respete la libertad de contratación del consumidor.

Ausbanc Consumo se ha sumado a las críticas expresadas por el sector de los talleres contra lo que consideran conductas “inaceptables” de las aseguradoras y presiones en materia de precios hacia los talleres de reparación. En un artículo de Ángel Garay, adjunto a la presidencia de la asociación, en la revista Mercado de Dinero, se califica de “claramente ilegales e inmorales” algunas prácticas en el apartado de la reparación de daños materiales de los automóviles, informa la web Autoprofesional.com. “El aumento de los ingresos y la bajada de los gastos de daños personales han dado unos márgenes tan amplios de ganancias que los últimos meses se ha producido una política más agresiva de precios por algunas aseguradoras. Pero lo más preocupante que está saliendo a la luz pública son una serie de conductas, claramente ilegales e inmorales, en el apartado de la reparación de daños materiales de los automóviles”, comenta Garay. “Como informa alarmada la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles (Cetraa), la política de restricción de aceptación de facturas de reparación por parte de algunas aseguradoras de autos conlleva sustituir las piezas dañadas en un siniestro por otras más baratas y omitir llevar a cabo el conjunto de las operaciones necesarias para la reparación”, añade. Desde su punto de vista, estas acciones “para reducir los costes de daños materiales de algunas aseguradoras de autos son inaceptables 'per se', porque suponen una fuente de riesgos para la seguridad de los consumidores”. “La codicia de unos pocos no puede causar la desgracia de muchos inocentes", concluye.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó ayer que el Ejecutivo está estudiando aumentar la presión fiscal sobre las rentas de capital y las plusvalías. “Haremos una consideración sobre las rentas de capital y plusvalías”, afirmó el presidente durante su visita en Suecia, en relación a los cambios tributarios que se preparan para hacer frente a la crisis. En rueda de prensa, Rodríguez Zapatero dijo que los impuestos se van a modificar de manera "prudente, moderada y limitada", y matizó que la presión fiscal seguirá estando en los niveles impositivos parecidos o incluso menores que cuando llegó al Gobierno. Actualmente, las rentas de capital (dividendos, fondos de inversión, seguros de Vida u otros productos financieros) tributan a un tipo único del 18%. El presidente del Gobierno no dio detalles sobre cómo se articulará la previsible subida de impuestos a estas rentas. Todo parece apuntar que será en la Ley de Presupuestos del próximo año donde se lleven a cabo los cambios en fiscalidad.

De momento, no llevarán a los tribunales las supuestas "prácticas abusivas" de las aseguradoras.

La asesoría jurídica de Sacyr Vallehermoso se ha puesto en contacto con la redacción de El Confidencial, acogiéndose al derecho de rectificación, para precisar el contenido de dos noticias aparecidas en este diario relativas a la participación de la constructora en la puja para construir el tercer juego de exclusas del Canal de Panamá. Así, precisa que CESCE ha garantizado exclusivamente, de los 400 millones de dólares, la parte proporcional que corresponde a SyV en el Consorcio UPC. Y apunta que, “en contra de lo que El Confidencial ha publicado erróneamente de forma reiterada, la ley fundacional de CESCE prevé, expresamente, que la finalidad de ésta es servir de instrumento para el apoyo y fomento de actividades de inversión, exportación, transacciones internacionales y, en definitiva, el impulso del comercio exterior”.

Encargan un informe jurídico sobre posibles prácticas contrarias al libre mercado antes de adoptar medidas, según Autoprofesional.com

CALPERS, el mayor fondo de pensiones público de Estados Unidos, ha demandado a las tres principales agencias de calificaciones del mundo por otorgarle notas máximas a valores que posteriormente sufrieron enormes pérdidas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo, según la información de Reuters de la que se hace eco Invertia.

UNESPA y el Consorcio han establecido ya un protocolo para proceder a la gestión, por vía telemática, de los reembolsos por parte del organismo público de las indemnizaciones derivadas por la Tempestad Ciclónica Atípica (TCA) de finales del mes de enero, el conocido como ciclón ‘Klaus’.

El juez considera que la actuación de CAHISPA y sus directivos se ajustaba a la normal práctica financiera.

AIG debería pagar esta semana cerca de 2,4 millones de dólares a cuarenta de sus altos directivos en concepto de bonificaciones.

Debido a las diferencias surgidas entre correduría y aseguradora, según publica Expansión

Según ha informado hoy en primicia el BDS, UNESPA mantuvo ayer contactos con representantes de su Comité Ejecutivo con el fin de valorar la propuesta realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para solucionar las discrepancias surgidas entre las entidades y el organismo público sobre quién y en qué cuantía debe asumir el pago de los daños causados por la Tempestad Ciclónica Atípica registrada del 23 al 25 de enero. La propuesta que desde el CCS se ha planteado no ha gustado nada al sector, ya que consideran que parte de una interpretación estricta de la cobertura, en base a rachas de vientos superiores a 135 km/hora. No obstante, dada la envergadura del hecho, la constancia del insuficiente número de estaciones de medición existentes y la falta de precedentes anteriores, y con objeto de poder alcanzar una solución amistosa del evento, al parecer desde el organismo público se ha propuesto una cobertura en aquellos municipios donde se hayan registrado vientos de más de 120 km/hora, con un anillo de seguridad de dos términos municipales como margen, deducidos aquellos municipios con mediciones oficiales inferiores a 120 km/hora. Esta nueva propuesta supondría que la carga de indemnizaciones asumida por el CCS alcanzaría un 53,87% del total de la siniestralidad registrada a finales de enero. Otro de los aspectos que no ha gustado a las compañías es que se haya quitado de la propuesta ahora presentada por el CCS la catalogación como ‘evento único’ de esta Tempestad Ciclónica Atípica. Por otra parte, esta Redacción ha podido confirmar que para el miércoles de la próxima semana, día 17, se ha convocado una reunión entre Ricardo Lozano, como presidente del CCS e impulsor de la propuesta que se ha hecho llegar ahora a UNESPA, con representantes de los principales grupos aseguradores afectados por el ciclón de enero. En principio se prevé que participen en esta reunión José Manuel Martínez (MAPFRE), Javier de Agustín (AXA), Vicente Tardío (ALLIANZ) y José María Serra (CATALANA OCCIDENTE), entre otros. Profunda preocupación en el Reaseguro La situación que está generando la resolución de esta Tempestad Ciclónica Atípica está siendo vista con gran inquietud por parte del sector reasegurador, y en particular por los grandes grupos mundiales, que hasta ahora pensaban que situaciones de este tipo en España estaban resueltas gracias la intervención del CCS, y ahora se encuentran con siniestros que podrían impactar fuertemente sobre sus resultados. Algunos de los grandes grupos apunta ya que, de asumir las indemnizaciones por este ciclón, significaría el mayor siniestro al que tienen que hacer frente en estos momentos en Europa. Se comenta ya que esta situación tendrá un claro impacto en las próximas renovaciones cara a 2010.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Ben S. Bernanke, afirmó ayer en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que la caída de AIG el pasado septiembre podría haber desencadenado una crisis "al estilo de 1930". Bernanke señaló que si la aseguradora hubiera caído, otras entidades habrían seguido el mismo camino, y puntualizó que los bancos globales contaban con una exposición de 50.000 millones de dólares (36.988 millones de euros). A todo esto añadió que "AIG subraya la necesidad urgente de establecer nuevos procedimientos de resolución para las entidades importantes ajenas al sistema bancario". Durante su comparecencia, Bernanke afirmó que intentó parar el pago de bonificaciones a los ejecutivos de la aseguradora, pero cesó en su intento asesorado por los expertos del propio organismo, que le advirtieron de las dificultades para evitar los pagos, ya que la Fed podría haber sido condenada incluso a pagar más dinero a los beneficiarios de estos bonos. "Una acción legal hubiera podido tener el efecto perverso de doblar o incluso triplicar los beneficios financieros para los empleados de AIG", constató el máximo responsable de política monetaria del país. No obstante, confirmó la oposición del banco central estadounidense a las denominadas 'primas de retención', y se mostró dispuesto a colaborar con el Tesoro en su recuperación. Por su parte, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, manifestó su enfado con el hecho de que se hubieran permitido tantos riesgos y coincidió con Bernanke en la necesidad de mejorar las reglas de supervisión financieras para "cerrar estas brechas". Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses a causa de la crisis han llevado a que ambos reclamasen ayer al Comité de Servicios Financieros nuevos poderes que permitan el cierre de entidades financieras de manera ordenada.