Solvencia II preocupa, y mucho, a la industria aseguradora, aunque aún queda un largo camino. Esta fue una de las conclusiones que se puso de manifiesto en el Desayuno de trabajo organizado por 'Actualidad Aseguradora' ayer en Madrid –y que se repetirá el 23 de febrero en Barcelona- bajo el título 'Solvencia II: trabajos pendientes hasta 2014'. La convocatoria contó con la asistencia de más de 50 ejecutivos de los principales grupos del mercado español, así como representantes de firmas consultoras y despachos de abogados, entre otros colectivos profesionales.

Como respuesta a los comentarios vertidos sobre FECOR, así como “sobre sus miembros, cargos y empleados de la Federación”, en la carta que el presidente de E2000, Juan José García, remitió a sus socios, el presidente de FECOR, David Sanza, le ha enviado una misiva como respuesta.

El Colegio de Médicos de Valencia (COMV) ha informado en un comunicado de la designación como nueva aseguradora de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional a WR BERKLEY ESPAÑA. El volumen de primas de la operación asciende a 1,5 millones de euros, con cobertura para cerca de 6.000 médicos. También recuerda que SEGUROS BILBAO, a través de la agencia de suscripción TRIPLE A PLUS, vinculada a la correduría UNITECO PROFESIONAL, eran los anteriores aseguradores.

UNITECO PROFESIONAL ha expresado, por su parte, en un comunicado remitido a esta Redacción que, tras las informaciones aparecidas ayer en el diario 'Expansión', seguirá ofreciendo sus servicios a todos los médicos valencianos que así lo deseen. Francisco González, director de Expansión de la correduría, indica que “la renovación automática de la póliza no se trata de una decisión comercial, es un cumplimiento legal que nos obliga con los médicos que han suscrito nuestra póliza”.

GENERALI SEGUROS ha trasladado a esta Redacción un comunicado en el que puntualiza informaciones publicadas en diversos medios de comunicación relativas al impago de las rentas a prejubilados afectados por ERE en Andalucía. De forma literal indica, entre otras cuestiones "que diversas empresas han contratado con GENERALI SEGUROS pólizas que instrumentan el pago de unas prestaciones sustentadas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)" y "que en dichas pólizas el pago de la prima del seguro se encuentra garantizado por la Junta de Andalucía" - Que GENERALI SEGUROS ha abonado las rentas con regularidad hasta que el Tomador y la Junta incumplieron su obligación de pago de la prima del seguro.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha manifestado su total desacuerdo" y su "honda preocupación" con la proposición presentada por CiU en Cataluña, por la que podría modificar el artículo 15.2 de la Ley 8/2007 (que recoge el art.277 del Anteproyecto de ley propuesto por el Departamento de Salud de simplificación, de agilidad y restructuración administrativa y de promoción de la actividad privada, Ley Ómnibus), mediante el que se autoriza a los hospitales del Instituto Catalán de Salud a realizar actividad privada en sus instalaciones.

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ha enviado un comunicado a todos los Colegidos en el que “deplora” las recientes declaraciones de María Dolores Dancausa, ex responsable de LÍNEA DIRECTA y actual consejera delegada de Bankinter, en entrevista en 'Actualidad Económica'

El Colegio de Mediadores de Seguros de Badajoz y Guardian Express han firmado un protocolo de colaboración por el que se comprometen a trabajar estrechamente en los diversos aspectos profesionales de especial interés para los colegiados y la mediación provincial en general, informa el Consejo General en su 'Boletín del Mediador'.

ADECOSE ha comunicado que, tras la consulta planteada por la asociación a la DGSFP en diciembre de 2010 en relación con una carta que Ruracaja envió a sus clientes para que éstos designasen a esta entidad como beneficiaria en caso de que se derive un siniestro sobre el inmueble, RGA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO ha señalado en su escrito de respuesta que "ha realizado la petición correspondiente al departamento de producción de la compañía SEGUROS GENERALES RURAL para que se proceda a eliminar este campo en todas las pólizas de Daños, y se sustituya, para las pólizas de Hogar que lleven vinculadas un crédito hipotecario, con la mención de la existencia de este crédito a favor de la Caja Rural correspondiente”. ADECOSE recuerda que el contenido de la carta de la caja contravenía un criterio de la DGSFP fechado en febrero de 2009.

El grupo GENERALI cerró 2010 con 73.188 millones de euros en primas emitidas, lo que significa un incremento del 3,8%. El grupo valora como “fuerte” su crecimiento del 4,5% en primas de Vida, hasta los 51.098 millones de euros, y se muestra satisfecho por la vuelta de No Vida a la senda del crecimiento (+2,1%), hasta alcanzar los 22.090 millones de euros en primas.

Los desacuerdos surgidos en el seno de ESPABROK, ya conocidos desde el año pasado, parecen no haber cesado. Según ha podido saber esta Redacción, y se refleja en un comunicado, “desde primeros de este año son 8 corredurías más las que, de forma voluntaria, han solicitado su baja de la red comercial de ESPABROK y se suman a las 6 que fueron obligadas, por el Consejo de Administración de la conocida asociación, a abandonar la red a mediados del año 2010”. La nota también informa que “éstas corredurías consideraron aquella decisión unilateral, como una maniobra encaminada a romper la oposición formal de un grupo de accionistas que manifiestan desde hace tiempo unas opiniones opuestas a las estrategias comerciales de la marca, incluyendo dudas sobre los comportamientos de algunos de los miembros del Consejo de Administración para con la gestión de la sociedad”.

´Diego Murillo retornó antes del verano a la Presidencia de A.M.A., respaldado por los tribunales en el contencioso con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Sus primeras declaraciones a un medio del sector las ha hecho a Actualidad Aseguradora, en una entrevista publicada en el número de esta semana, en la que reconoce su satisfacción y tranquilidad, tras un periodo de muchos sacrificios, consecuencia de “defender nuestra razón, nuestra verdad y nuestro buen nombre”. También, y aunque remarca su espíritu conciliador, reconoce que a un director general de Seguros se le debería exigir una serie de valores (rigor, proporcionalidad, rectitud y justa medida), puesto que “impartir seguridad jurídica y confianza resulta crucial en un sector tan sensible y vital como el asegurador”.

En cerca de 10.000 se estima el número de asegurados de Autos que en España se están viendo afectados por la decisión del Tribunal de Justicia de Ámsterdam de intervenir la aseguradora holandesa INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION N.V., que opera en España, a través de Internet, bajo la marca INEAS. Unos 95.000 serían los clientes en toda Europa afectados por esta situación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimando el recurso contencioso administrativo presentado por la AIPS contra la Resolución de Formación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) que regula los requisitos de formación de los mediadores. La comunicación formal se ha recibido a principios de este mes, el 3 de mayo, aunque tiene fecha de 25 de noviembre de 2009.

El Auditorio de MUTUA MADRILEÑA acogió ayer la primera jornada de la XXVI edición del Congreso de Derecho de la Circulación (CDC 2010), organizado por INESE, Divisón de Seguros de RBI, y la revista Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, con la colaboración de MUTUA MADRILEÑA, BCN Iuris y BCN Assesorament y Gestió. La presentación y apertura del Congreso corrió a cargo de Susana Pérez, directora de INESE, José A. Badillo, director de la revista RC y Juan Hormaechea, director del Área Aseguradora de la mutua, quienes hicieron mención a las ponencias que se iban a impartir y repasaron las novedades de los últimos meses del Derecho de la Circulación.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ocupa la primera posición del ranking de aseguradoras por primas No Vida en Estados Unidos, correspondientes al ejercicio 2009, que recientemente ha publicado 'Business Insurance'. Los ingresos de AIG alcanzan los 30.664 millones de dólares (22.714 millones de euros). Por detrás se sitúan LIBERTY MUTUAL y TRAVELERS. Llama la atención (ver ranking abajo) el hecho de que sólo dos compañías de entre las diez primeras –LIBERTY y ACE- lograron incrementos de primas en el año.

ADECOSE celebró la pasada semana su Asamblea Anual, con la participación en la convocatoria de un 65% de sus socios. En el transcurso de la misma, su presidente, Martín Navaz, incidió en la representatividad de la asociación, con el 70% del mercado de primas gestionado por las corredurías en 2008, según información de la DGSFP, y destacó las dificultades económicas existentes y los malos datos de 2009 del sector en No Vida, insistiendo una vez más en el “nivel de infratarificación y poco rigor técnico al que están llegando las compañías a la hora de bajar primas”.

ZURICH, con el asesoramiento legal de J & A Garrigues, ha logrado que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) le dé la razón en el conflicto con un ex asegurado que buscaba desprestigiarlo. El Centro de Arbitraje ha decidido cancelar los dominios lamentiradezurichhelppoint.com y zurichhelppointthelie.com registrados por J.A.N.Z.

Según recoge la web autoprofesional.com, la relación con las aseguradoras es uno de los principales desafíos que afrontan en 2010 los talleres asturianos, según ha expresado el secretario general de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (Aspa), Cesáreo Marqués, en el diario La Nueva España. La misma web incluye una entrevista con un representante de MMT SEGUROS, Miguel Ángel Sánchez, en la que analiza el posible impacto en el sector asegurador de los vehículos ecológicos, es decir el reto que suponen los nuevos coches eléctricos y ecológicos.

Las tres mayores corredurías del mundo -MARSH, AON y WILLIS- han dado a conocer que han alcanzado acuerdos con las autoridades gubernamentales en Nueva York y en otros lugares del país para corregir sus respectivos acuerdos de liquidación, lo que permitirá de nuevo las comisiones de contingencia, informa 'Business Insurance'. Esta iniciativa, ya esperada, sigue al anuncio el pasado julio por parte de ARTHUR J. GALLAGHER de que empezaría a recaudar comisiones de contingencia en octubre, en virtud de un acuerdo alcanzado con las autoridades del estado de Illinois. Detalla la publicación estadounidense que las corredurías no tendrán que poner límites a los tipos de compensación que pueden percibir o a los rigurosos requisitos de revelación estipulados en sus acuer

El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, declaró ayer ante el juez que el responsable directo de todas las actuaciones realizadas en el expediente abierto a AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (AMA) fue un inspector del organismo y, en última instancia, el Ministerio de Economía, que fue el que impuso la sanción a la mutua, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press. Lozano realizó estas manifestaciones ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid como imputado por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos derivados de la querella presentada por AMA, que le acusa de abrirle expedientes "con el fin de controlar y dominar" la entidad.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha llevado a cabo varios nombramientos ejecutivos tras las recientes salidas de dos directivas del grupo (ver BDS del pasado lunes). Según ha comunicado el grupo a sus empleados en una carta interna, de la que informaba Business Insurance, Jeff Hurd ha sido nombrado vicepresidente senior y responsable de Recursos Humanos. Mientras, sus actuales responsabilidades como director administrativo han sido asumidas por Michael Cowan, que llega a AIG procedente de Merrill Lynch. Ambos reportarán al consejero delegado del grupo, Robert Benmosche. Por otra parte, AIG confirma la salida de Nicholas Ashooh, vicepresidente senior de Comunicaciones, siendo sustituido por Christina Pretto, hasta ahora responsable de relaciones corporativas con los medios. Asimismo, se ha conocido que la Reserva Federal de Nueva York solicitó a AIG que, en plena crisis, no publicara pagos realizados a varios bancos por importe de 62.100 millones de dólares (43.226 millones de euros), cuando al frente de la compañía se encontraba el actual secretario del Tesoro, Timothy Geithner, informa la agencia Efe. Esa petición se ha conocido tras publicar la prensa financiera algunos correos electrónicos entre AIG y la Reserva Federal, a los que tuvo acceso el congresista republicano Darrell Isa. Efe añade que en el contenido de esos correos se incluye que AIG abonó esos 62.100 millones de dólares a varios bancos que compraron derivados financieros colocados por la aseguradora, denominados credit default swap (CDS); entre otros, aparecen entidades como Goldman Sach y Deutsche Bank. La información conocida ayer señala también que los abogados de la Reserva Federal de Nueva York solicitaron a la aseguradora que no revelara los pagos debido a que podría generar polémica.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro para la asistencia sanitaria de sus beneficiarios durante el año 2010, con previsión de prórrogas para los años 2011, 2012 y 2013. Este nuevo concierto ha sido suscrito únicamente por dos aseguradoras: ASISA y ADESLAS. MAPFRE CAJA SALUD y NUEVA EQUITATIVA, al igual que ha sucedido con el concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas del MUFACE, además de DKV SEGUROS, han decidido no suscribir este año el acuerdo con ISFAS.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) investigará si se están produciendo situaciones de pactos de precios mínimos o restricción a la competencia en aquellos sectores donde el seguro es obligatorio.. Por otra parte, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, busca "puntos de encuentro" con el nuevo presidente del Consejo de Administración de AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.), Eudald Bonet

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.) emitió el viernes un comunicado en el que anunciaba el nombramiento como nuevo presidente de la entidad de Eudald Bonet. Junto a él, han sido designados Francisco Herrera como secretario, y Ricardo Medina como vicepresidente. Los tres nombramientos fueron acordados por un Consejo de Administración Extraordinario de la mutua, celebrado el jueves 10 de diciembre, después de que el pasado 4 de diciembre presentaran su renuncia el presidente del Consejo de A.M.A., Diego Murillo, el secretario, Manuel Campos, y el ex secretario, Manuel Sánchez. Esas renuncias se produjeron tras recibirse, ese mismo 4 de diciembre, un requerimiento de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) “conminando a esta entidad, para que se procediera a la inhabilitación inmediata del presidente, secretario y antiguo secretario del Consejo de Administración”.

Según se ha comunicado a las partes ayer y ha informado este mediodía en primicia el BDS, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictaminado un auto, con fecha de 13 de noviembre, en el que desestima parte de las medidas cautelares de suspensión de la ejecución que directivos de A.M.A., entre ellos su presidente, Diego Murillo, habían solicitado contra la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de mayo sobre la mutua. Por una parte, la Audiencia Nacional determina que “no ha lugar a suspender la sanción de separación, con inhabilitación y suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos” contra Diego Murillo, presidente de la mutua, Manuel Sánchez García, antiguo secretario del Consejo, y Manuel Campos Villarino, actual secretario del Consejo. Contra esta resolución de la Audiencia Nacional cabe interponer resolución de súplica ante la Sala.

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal presentada por la mutua contra el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, por presuntos delitos de falsedades, revelación de secretos y prevaricación.

La Asociación Española de Corredores de Reaseguros (ASECORE) ha expresado el “estupor” que en la asociación ha generado la resolución de sanción de la Comisión Nacional de Competencia contra algunas aseguradoras y reaseguradoras que operan en el Seguro Decenal. “En sus años de experiencia en el mercado español, ASECORE avaló siempre la transparencia y buenas prácticas de todos los operadores del mercado, no existiendo a su entender situaciones o circunstancias anti-competitivas o que pudieran perjudicar a intereses de terceros. Por tanto, ASECORE confía plenamente en que la justicia española revalide pronto este entendimiento”, declara el presidente de la asociación, Jean-François Berte.

El director general de ARESA, Albert Sarrá, considera que la principal vía de crecimiento en los seguros de Salud son los colectivos. En entrevista con el suplemento de Empresas de Abc, afirma que “sería bueno, por ejemplo, conseguir una colaboración público-privada que promoviera los seguros sanitarios privados en las empresas mediante una contribución relativamente pequeña de las Comunidades Autónomas. Este proyecto tendría ventajas para todas las partes: para los ciudadanos, las aseguradoras y la Administración, ya que vería reducida la carga de clientes que van al sistema público”. Sobre la existencia de una guerra de precios en el negocio, Sarrá matiza que “hay mucha competencia. Estamos en la antesala de una guerra de precios en el ámbito de los seguros individuales. En los colectivos, las entidades ya sí que están haciendo ofertas muy agresivas para conseguir los contratos”.

El expediente sancionador S/0037/08 a entidades de Seguro Decenal (ASEFA, MAPFRE EMPRESAS/MAPFRE RE, CASER, SWISS RE, SCOR y MUNICH RE) ya está disponible en la web de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Ochenta páginas en las que se relata: cómo se cree que se fraguó el “acuerdo” en 2001; cómo las entidades sancionadas participaron en la “vigilancia” del “cumplimiento de la aplicación de los términos del acuerdo” (con establecimiento de precios mínimos desde 2002); y cuáles fueron las respuestas de los “miembros del cártel ante la no aplicación de los precios mínimos pactados”. El Consejo de la CNC estima que las entidades sancionadas fijaron un “acuerdo colusorio sobre primas de tarifa comercial mínimas uniformes, por cuanto que, aplicadas tales primas, tasas y recargos mínimos a la suma asegurada en cada contrato de seguro directo se obtiene el precio que debe pagar el tomador del seguro”. Y este pacto, a su juicio, “no se puede considerar exento de la prohibición de acuerdos colusorios” establecidos por la Unión Europea. Asimismo, el Consejo niega el argumento de las sancionadas de que “la uniformidad de las guías de tarificación es la consecuencia natural del funcionamiento del mercado del Seguro Decenal de Daños sobre la base de contratos de reaseguro obligatorio proporcional y de su carácter novedoso”. Infracción única, compleja y continuada El Consejo considera que se trata de una “infracción única, compleja y continuada”, iniciada el 1 de enero de 2002 y finalizada el 31 de diciembre de 2007. Sólo en el caso de CASER establece que su participación en el acuerdo de precios mínimo es del 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2007. Para fijar las cantidades sancionadoras, el Consejo “ha tomado como base de cálculo de la sanción para las aseguradoras las primas brutas emitidas o contratadas de Seguro Decenal, y para las reaseguradoras las primas brutas aceptadas o devengadas por año de suscripción del contrato de reaseguro”. Dado que considera la conducta como “muy grave”, toma como base de cálculo de la multa “el 10% del volumen de ventas de la empresa en cada ejercicio, medido en primas contratadas/aceptadas y en el mercado afectado, ponderando el periodo de tiempo de infracción atribuido a cada empresa”. Voto particular El consejero Fernando Torremocha emite un voto particular muy contundente en el que discrepa de la multa por “no haberse acreditado las conductas que se imputan a las compañías aseguradoras y reaseguradoras”, porque niega “la existencia de la circunstancia agravante” que se les imputa. En cambio, constata un desconocimiento de “cuáles son las cifras del mercado de las aseguradoras y de las reaseguradoras” y “un desconocimiento absoluto” de cuál ha sido el beneficio ilícito obtenido por las aseguradoras y por las reaseguradoras, “por causa directa de las conductas que se les imputa”. Por todo ello, estima que “la Resolución no está capacitada para imponerles una sanción no ya del incremento de hasta el 10% del volumen de ventas, sino tampoco de hasta la cifra cerrada de 901.518,16 euros [establecida en el Artículo 10 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia]”. El papel de AUSBANC En la resolución se informa asimismo que la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) ha participado en todo el proceso de la CNC. Tras iniciar la investigación de oficio, Competencia recibió, meses después, la petición de esta asociación para ser parte interesada. Las entidades afectadas se han quejado durante el procedimiento de que AUSBANC filtraba a los medios de comunicación, interesadamente, información contenida en el expediente. Aunque el Consejo de la CNC señalaba no tener pruebas de esta filtración, el 20 de julio de 2009 decidió restringir a AUSBANC el acceso al expediente, que a partir de entonces fue limitado.

ASEFA ha manifestado su rechazo “de forma contundente y categórica” de la sanción que se desprende de la Resolución de 12 de noviembre de 2009 de la Comisión Nacional de la Competencia. La aseguradora, además, considera esta decisión “totalmente infundada, tanto en el fondo de los hechos como en los aspectos formales jurídicos y técnicos”. ASEFA anuncia la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional y, "cuantos otros sean pertinentes, hasta la obtención de la anulación de esta Resolución absolutamente infundada e injustificada que atenta muy gravemente contra su imagen”.

Dos resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso El Confidencial, se han pronunciado a favor de Bankinter en los litigios que la entidad mantiene con clientes afectados por los clips hipotecarios. Estos ‘swap’, cabe recordar, son un producto parecido a un seguro contra la subida de los tipos de interés que se asocia a un préstamo hipotecario. En ambas resoluciones, los jueces consideran que los clientes fueron suficientemente informados, eran conscientes de lo que contrataban y, en consecuencia, deben pagar los gastos de cancelación de estos productos. El diario digital recuerda que estas dos resoluciones van en el mismo sentido de otras dos resoluciones que, ya en el mes de julio, dieron la razón a Santander en la forma de comercializar este tipo de productos.

CASER comunicó el viernes que rechaza y recurrirá la resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en relación con el seguro Decenal de Daños a la edificación. Asimismo quiere dejar constancia de que: “1. CASER no ha participado en ningún supuesto acuerdo de fijación de precios, ni ha contribuido al mantenimiento de situaciones contrarias a la libre competencia, observando una conducta respetuosa con la legislación aplicable al respecto”. “2. El Voto Particular formulado por el vicepresidente de la CNC resulta absolutamente demoledor para los argumentos de la Resolución, negando la existencia de cualquier acuerdo de fijación de precios y la posibilidad de imponer sanciones tan desmesuradas como las propuestas”. “3. Como toda Resolución administrativa, la emitida por la CNC no representa otra cosa que la opinión de ese Organismo y afortunadamente está sujeta a revisión por los Tribunales de Justicia, que tenemos la absoluta confianza procederán a revocarla, aun cuando difícilmente podrán remediar el daño reputacional que se ha originado con esta actuación y con la forma en que se ha trasladado a la opinión pública”.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dio a conocer ayer la decisión de su Consejo de sancionar a ASEFA, MAPFRE EMPRESAS/MAPFRE RE, CASER, SWISS RE, SCOR y MUNICH RE con multas que en total suman 120,73 millones de euros, “por la realización de un acuerdo de cártel de fijación de precios mínimos en el seguro de Decenal de Daños a la edificación en España durante los años 2002-2007”. El importe de esta multa es el más alto que la CNC ha aplicado a un expediente desde el año 2004, más que duplicando la sanción impuesta ese año a Astel/Telefónica (este expediente supuso una multa de 57 millones). La CNC remarca que este cártel del seguro Decenal ha sido considerado “como una infracción muy grave de las normas de defensa de la competencia, porque además de su larga duración, ha afectado a todo el mercado de un producto que es de contratación obligatoria para los promotores de viviendas, que tienen la posibilidad de trasladar el incremento de este coste al precio final de la vivienda”. La CNC explica que las multas, además de tener “un efecto disuasorio de conductas similares futuras”, deben evitar que el incumplimiento de las normas de competencia “resulte para el infractor más beneficioso que su cumplimiento”. Por ello, el Consejo ha resuelto imponer “multas importantes” a las entidades que participaron en este cártel ahora sancionado, “atendiendo a su distinto grado de participación en la infracción de las normas de competencia”. Así, la multa para ASEFA es de 27,78 millones, de 21,63 millones para MAPFRE EMPRESAS y MAPFRE RE; de 14,24 millones para CASER; de 18,6 millones para SCOR GLOBAL P&C; de 15,86 millones a MUNICH RE; y de 22,64 millones a SWISS RE. Criterios de la CNC En su comunicado, la CNC explica que, a raíz de la aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación en 2002, que introdujo la obligación de contratar el seguro Decenal y, debido al enorme crecimiento que experimentó el sector de la construcción, “el mercado del seguro Decenal se amplió notablemente, alcanzando porcentajes elevados de crecimiento, así como una intensa competencia en precios. En este contexto de demanda creciente, “y con el objeto de evitar la caída del precio del seguro Decenal provocada por la competencia existente entre las compañías de seguro directo, a lo largo del segundo semestre de 2001, las principales aseguradoras (ASEFA y MAPFRE EMPRESAS) y las tres principales reaseguradoras (SCOR, SUIZA y MÜNCHENER) del mercado del seguro Decenal en España se reúnen e intercambian información con el objeto de alcanzar un acuerdo de precios mínimos, que se materializa en un documento de 5 de diciembre de 2001, en el que se fijan los criterios de tarificación del seguro decenal”. Añade la CNC que “se trataba de un acuerdo de precios mínimos que las partes alcanzaron con el objetivo de que fuese aplicado, no sólo por ellas sino por todo el mercado del seguro Decenal”. Para ello, según el expediente sancionador, las reaseguradoras se comprometían a incorporar el pacto de precios mínimos a las guías de tarificación que se anexan a los contratos de reaseguro como contenido de obligado cumplimiento por las aseguradoras. “El resultado fue la total homogeneidad en las primas propuestas por las distintas aseguradoras presentes en el mercado del seguro Decenal en España y la eliminación de la competencia”. Remarca la CNC que “este cártel de precios mínimos se mantuvo vigente durante los años 2002 a 2007, existiendo prueba de que, a partir del año 2006, en el mismo también participó CASER, la tercera aseguradora por cuota de mercado”. Afirma que durante estos años, “las empresas participantes en el cártel vigilaron que el acuerdo de precios mínimos fuese respetado, por ellas y por el resto de las aseguradoras y reaseguradoras que operan en el mercado del seguro decenal y su reaseguro”. Y cuando se detectaban incumplimientos, “eran denunciados a los restantes miembros del cártel, que de forma coordinada ejercían presión sobre la asegurad

Una de las líderes del ramo de Salud, SANITAS, no parece que vaya a ser consecuente con la actual situación económica que vive el país, y lo que parece adivinarse para el próximo año. De esta forma, la entidad ha comunicado a un miembro de esta Redacción las nuevas primas de su póliza para 2010 y, aunque lo oculta -porque ni recuerda la prima de este año ni el porcentaje de subida que se aplica a la misma-, se constata un aumento de casi el 20% (en concreto del 19,48%). Curiosamente, la carta enviada al efecto contiene afirmaciones suscritas por su consejero delegado, Iñaki Ereño, del tipo de “en Sanitas invertimos nuestros recursos, esfuerzos y experiencia con un único objetivo, su satisfacción. Por ello, año tras año, seguimos aumentando la calidad de nuestros centros médicos, incorporando nuevas tecnologías y trabajando en la formación y desarrollo de nuestros profesionales. … La innovación constante es lo que nos hace diferentes y nos sitúa como líderes del sector”. En la misma se asevera igualmente que “en la actualización del importe de su prima se tiene como base el IPS (Índice de Precios Sanitarios que, a 31 de agosto de 2009, era del 3,7%) y además intervienen otra serie de factores como la zona geográfica y la edad de cada uno de los asegurados”.

El ex CEO de AIG, Maurice 'Hank' Greenberg, está trabajando en la creación de un nuevo grupo asegurador, según informa The New York Times. En este grupo, creado alrededor de su compañía C.V. Starr y con una estructura similar a la que tiene AIG (un complejo de empresas cada una con su propia línea de negocio), Greenberg estaría fichando antiguos colaboradores que aún se encuentran en las filas de AIG. Hay, incluso, quien ya habla de una 'AIG 2'. El control impuesto a los sueldos y bonos de AIG por parte del Tesoro estadounidense podría ser un aliciente para que los miembros de este grupo asegurador pasaran a las filas de la compañía de Greenberg, que no tiene este tipo de tope salarial. El abogado de Greenberg, Lee Wolosky, ha desmentido que su representado esté intentando socavar su antigua compañía, a la que desea que tenga "éxito" y de la que aún posee el 12% de las acciones. Sí ha confirmado que está fichando empleados de AIG (de momento, 13 directivos), aunque en menor número que otros competidores de AIG.

El Gobierno de Estados Unidos aplicará un recorte significativo (en algunos casos puede suponer hasta el 90%) a los salarios de los altos directivos de siete de las empresas que más dinero recibieron de los planes de rescate impulsados por el Estado para combatir la crisis, según han informado fuentes cercanas a esta decisión. Más concretamente, según los planes de la Dirección de Compensaciones de la Administración, se reducirán a la mitad los bonos y compensaciones de un total de 175 altos ejecutivos de AIG, Bank of America, Citigroup, General Motors, la financiera GMAC, Chrysler Group y Chrysler Financial. Se espera que a lo largo de la próxima semana se hagan públicas las medidas, que, según The Wall Street Journal, podrían incluir también la exigencia a estos grupos de que mejoren sus códigos de buen gobierno.

MERCURIO ha puesto en marcha un plan para restablecer su equilibrio patrimonial, según informa hoy Expansión, que detalla que la compañía va a proceder a una disminución de capital por valor de 12,96 millones y una posterior ampliación por importe de 9,2 millones. Según el diario, la aseguradora encajó el pasado año unas pérdidas de 14,8 millones, en comparación a los beneficios de 2,2 millones de 2007. Sus fondos propios cayeron a 2,6 millones, al absorber los 'números rojos', aunque debería contar, al menos, con nueve millones de capital. Además, detalla Expansión, tiene una falta de cobertura de 6 millones en sus provisiones para indemnizaciones, y su margen de solvencia tiene un déficit de 10 millones. De acuerdo a la auditoría de 2008 realizada por PricewaterhouseCoopers, estas “circunstancias son una incertidumbre sobre la capacidad de la firma para continuar su actividad”, si bien se añade que sus accionistas han dado y seguirán dando su apoyo financiero a la aseguradora. Para reestablecer la situación, el Consejo de MERCURIO ha decidido también el desembolso de 4,19 millones por la venta firmada en diciembre pasado de la autocartera, que fue adquirida por Teinver (sociedad en la que se integra todo el capital del grupo de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, presidente y vicepresidente, respectivamente de la aseguradora). Ésta controla el 20,7% de MERCURIO. Estas acciones fueron previamente adquiridas por la aseguradora como autocartera por 4,13 millones. Plan para retornar a beneficios Asimismo, la compañía ha aprobado un plan con el objetivo de lograr beneficios. Para ello, se han reestructurado algunas de sus áreas de negocio, se ha adquirido herramientas informáticas de gestión y se ha contratado determinados servicios de gestión con el objetivo de mejorar la productividad y su eficiencia. Mientras tanto, Expansión confirma que Banesto sigue la búsqueda de un comprador para MERCURIO. Fuentes consultadas por esta Redacción recuerdan que, en sus veinte años de historia, la aseguradora ha superado en otras ocasiones situaciones difíciles y ha salido adelante. Recuerdan además que, desde 2004 y hasta finales de 2008, la compañía contó como asesor del Consejo del Administración, por recomendación de la DGSFP, con Jacint Boixasa, socio de Roca y Junyent Consultoría de Empresas.

"Seguir bajando los precios nos llevará a la ruina a todos". La frase la pronunció ayer el director general de AVIVA VIDA Y PENSIONES, Amador Moreno, en el transcurso de la jornada que, bajo el título 'La Mediación de Seguros: una profesión en permanente evolución y legislación', organizó GRUPO MAYO dentro de los actos de su IV Convención. Aunque no formaba parte de los temas abordados, en un momento de la jornada, Santiago Moliné, presidente del grupo organizador, pidió públicamente que, de cara a las nuevas renovaciones, las compañías se plantearán la posibilidad de dejar la bajada de primas, pues, entre otros aspectos, reconoció que los clientes tienen sensación de engaño, ante la variación de primas que se produce de un año a otro. Planteó que, tal vez desde UNESPA, se pudiera hacer algo en este sentido, pero la secretaria de general de la asociación, Mirenchu del Valle, presente en la sala, apuntó que no pueden tomar partida en esta cuestión, ya que son temas que están ligados a competencia; no obstante indicó que sí están abiertos a reflexionar junto con los corredores sobre qué necesidades tiene el cliente y qué se le está dando y qué hay que cambiar en los productos, pues ellos son los que tienen la primera constatación de lo que quiere el cliente. Amador Moreno manifestó, en el coloquio posterior, que la bajada de primas no ha sido una cuestión en la que han intervenido únicamente las aseguradoras, ya que los mediadores han presionado para que se redujeran. Desde el respeto, Ana Muñoz, presidenta de FECOR, indicó que no hay que ser ingenuos y pensar que son los mediadores quienes ponen los precios de los productos, a lo que añadió que las compañías no ofrecen los mismos productos a todos los canales; estos varían, “no todos disparamos con la misma munición”. Fue entonces cuando se reconoció que “todos hemos entrado en el juego” y que “seguir bajando los precios nos lleva a la ruina a todos”. La primera intervención de la jornada corrió a cargo de José Mª Gómez, inspector de Seguros y de Hacienda del Estado, que centró su alocución en los aspectos de la Ley de Mediación que afectan a la actividad del corredor. Entre otros aspectos destacó que la formación, sobre todo en materias financieras, es la mejor estrategia y la mejor inversión que pueden realizar los corredores. Como retos de futuro citó: asimilar la figura del vinculado; inversión en formación; operativa clara en el supuesto de auxiliares; y desarrollo del código de buenas prácticas. Asimismo, apuntó que actualmente en nuestro país hay 96.507 agentes registrados en el Punto Único, incluyendo las Comunidades Autónomas que tienen competencias en Mediación; 242 agentes vinculados; y 90 operadores de bancaseguros. El 15 de septiembre el número de corredores y corredurías era 5.554 (3.010 autorizados por la DGSFP y 2.544 por las Comunidades Autónomas); y los corredores de reaseguro registrados son 33. Jaime Carvajal, socio consejero delegado, director general de GRUPO MAYO, ofreció su visión sobre la actual situación del corredor de seguros y comentó lo que ha supuesto, para algunos corredores, la adaptación a la Ley de Mediación y de otras legislaciones, como por ejemplo la LOPD. Antes de finalizar se preguntó cómo afectará la LCS al corredor y cuál debe ser su partición en el contrato de seguros. Cambios legislativos y mediación Borja López–Chicheri, gerente de ADECOSE, habló de los cambios legislativos que se avecinan a nivel europeo y nacional, indicando en este sentido las acciones que desde su asociación se han llevado a cabo para adaptarse a las diferentes normativas. A continuación, Ana Muñoz indicó que el Seguro es uno de los sectores con mayor actividad legislativa y tras citar las leyes que directa o indirectamente le afectan, singularmente al corredor, subrayó que, en su opinión, la intensa actividad legislativa se debe a la necesidad de regular las novedades e innovaciones que se van produciendo; a la transposición de la normativa europea; y la potestad legislativa de la DGSFP. Entre los inconvenientes que los corredores encuentran en los cambios legislativos citó, entre otros, el elevado coste y las adicionales cargas administrativas. José Mª Campabadal, presidente del Consejo General, manifestó que ante los cambios legislativos que se avecinan los mediadores deben, por un lado, anticiparse al mercado y a situaciones y marcar objetivos. También apuntó la decisión como un factor importante, destacando que “no vale escuchar a todo el mundo para luego no decidir”; la unidad, escoger a los buenos profesionales y hacer lobbby también fueron mencionados por Campabadal como actitudes ante los cambios legislativos. Mirenchu del Valle realizó una interesante exposición de la normativa que regula la actividad aseguradora, para centrar su atención en las modificaciones que en este sentido está afrontando el sector. Entre otros aspectos, cuando habló de la Ley de Contrato de Seguros, puso encima de la mesa que sería un buen momento para que se reconozca el valor que tiene el mediador en el contrato de seguro y reconoció que cuando se habla de una posible modificación de la Directiva de Mediación se incomoda, pues no se sabe qué se quiere hacer, sobre qué premisas se quiere revisar y, ante este tipo de situaciones, se sabe cómo se empieza pero no cómo se acaba. Asimismo, apuntó que se tiene que producir una evolución en el concepto que actualmente hay sobre la transparencia. La jornada concluyó con la intervención de Alfonso Benito, director de inversión de fondos de pensiones de AVIVA. Premios El acto concluyó con la entrega de los premios GRUPO MAYO que, en esta ocasión, fueron para REALE, AVIVA, ZURICH, AXA y AEGON. También obtuvo un reconocimiento la oficina de Getafe de GRUPO MAYO, por la mayor producción, y se entregaron otros dos premios: uno, solidario, que recayó en ‘Play 4 África’, entregado por Álvaro Marichalar, y otro, al deporte, que recogió Manuel Fonseca, director general de deportes del CSD.

WILLIS GROUP pagará 130 millones de dólares (88,52 millones de euros) como parte del acuerdo para resolver la disputa con CNA FINANCIAL sobre “la colocación de reaseguro de accidentes personales en el mercado de Londres y en otros lugares”, según un comunicado del propio bróker remitido al regulador bursátil de Estados Unidos, informa Business Insurance. WILLIS cree que este acuerdo será cubierto por su póliza de Errores y Omisiones y no incluye la admisión de prácticas incorrectas por ninguna de las partes.

Varias voces han expresado ya su rechazo a la decisión del Gobierno de aumentar la fiscalidad sobre las rentas de capital y plusvalías, por considerar que supondrá una penalización al ahorro. En declaraciones a Expansión, el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, apunta que el déficit por cuenta corriente español desaconseja que se penalice al ahorro y a las rentas del capital, de las cuales se adolece. En la misma línea, Ángel Martínez-Aldama, director general de INVERCO, considera que una hipotética subida de la presión fiscal sobre las rentas del capital es una mala noticia para el ahorro ya que, según cómo se articule esta medida, desanimará el ahorro doméstico en favor del de fuera de nuestras fronteras. "En un momento en el que se necesita especialmente fomentar el ahorro, la penalización en la tributación desanima a los ciudadanos a hacerlo", afirma Martínez-Aldama, que apenas hace unas semanas pedía al Gobierno incentivos fiscales para los productos de ahorro. También en Expansión, Manuel Pardo, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), denuncia el maltrato sistemático al que se ha sometido al ahorro en España durante los últimos quince años, especialmente si se compara con otros países que lo han fomentado en la Unión Europea, como Francia y Alemania. En el ámbito político, el Partido Popular no ha tardado en rechazar las propuestas confirmadas este lunes por el presidente del Gobierno, mientras que desde CiU se advierte de que no apoyarán medidas que supongan subidas de los impuestos. Acercar los tipos de las rentas del capital a los del trabajo Otras voces, por el contrario, no rechazan el aumento de la fiscalidad sobre las rentas del capital, como es el caso de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ven en esta vía una forma de aumentar los ingresos del Estado en época de crisis, informa Europa Press. Creen que es "positiva" por considerar que permitirá acercar los tipos de las rentas del ahorro a las rentas del trabajo, situadas actualmente en un 24%. En opinión de la asociación, esta dualidad entre ambos impuestos "no es acertada", porque "se tributa más por trabajar que por vivir de las ganancias del capital, cuando en realidad deben ser aquellos que obtengan mayores ingresos por rendimientos del capital los que aporten también más a la Hacienda Pública". Desde Gestha se aboga, además, por revisar el concepto de renta del ahorro para excluir de esta consideración a todas aquellas rentas de naturaleza especulativa y que no constituyen propiamente rendimientos obtenidos por los ahorradores, como sucede frecuentemente en el sector inmobiliario. En una línea similar, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, aseguró ayer que era necesario acabar con la política "errónea" de desfiscalizar las rentas de capital para poder plantear mayor progresividad fiscal. En una entrevista en Punto Radio recogida por Europa Press, afirmó que “no tiene sentido que usted o yo, que ganamos un salario, paguemos más que una persona que genera dinero vendiendo fondos de inversión o inmobiliarios". A falta de definir cómo se articulará el aumento de la fiscalidad sobre las rentas de capital y plusvalías, y en qué grado (actualmente, los rendimientos de capital tributan a un tipo del 18%), las estimaciones de Gestha apuntan a que un incremento en dos puntos en este concepto supondría un aumento de la recaudación anual de 920 millones de euros, basándose en las estadísticas del año 2007, publica Cinco Días.

Greenberg no tiene que devolver los 4.300 millones de dólares que el grupo estadounidense le acusaba de haber obtenido ilegalmente.

Como estaba previsto, en la mañana de ayer se celebró una reunión entre representantes de los principales grupos aseguradores afectados por la Tempestad Ciclónica Atípica, o ciclón 'Klaus', de principios de enero, del Consorcio de Compensación de Seguros y de la DGSFP. La principal conclusión de la misma fue proceder a constituir, de forma inmediata, posiblemente empiece a ser configurado hoy mismo, un grupo de trabajo entre todas las partes para determinar si la normativa existente es la más adecuada y evitar que situaciones como esta no vuelvan a reproducirse. Como se constató entre los presentes, se pretende realizar un esfuerzo para mejorar y que "situaciones como esta no se vuelvan a repetir pues no son buenas ni para el sector, ni para los reaseguradores". En principio la línea de trabajo a seguir para solventar las discrepancias respecto al 'Klaus' pasar por pedir nuevas indicaciones, mucho más precisas, a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre cómo se comportó la tormenta a su paso por España y en concreto por dónde pasó. La idea es que la propuesta final que se pueda hacer, previsiblemente por encima de la última planteada por el Consorcio y menor a las exigencias de las aseguradoras, esté "bien soportada en todos los ámbitos". Luego, dicho grupo de trabajo deberá estudiar si se debe reformar la legislación existente al respecto con la idea de problemáticas de este tipo no vuelvan a repetirse. Hoy se firma el Convenio de Reaseguro de Crédito Por otra parte, hoy va a quedar firmado el Convenio de Reaseguro para el riesgo de Crédito entre el presidente del Consorcio de Compensación de Seguros y director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, y la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos. Este Convenio, al que se adherirán en los próximos días, con efecto 1 de enero de 2009, las entidades aseguradoras que operan en este ramo, constituye una medida de revitalización y fomento de las transacciones a crédito en el sector empresarial español. La medida responde a la progresiva desaceleración de la economía internacional, que ha deteriorado la situación del crédito empresarial y ha incrementado de forma sensible el grado de morosidad de las empresas, obligando al reaseguro internacional del Seguro de Crédito a revisar de forma muy estricta sus criterios de suscripción de riesgos y a restringir significativamente las coberturas ofrecidas, limitando, en consecuencia, la capacidad del mercado de seguros para prestar garantías a las transacciones. La participación del CCS procura al sector una protección reaseguradora adicional que no representa un apoyo en forma de subvención, sino únicamente una medida transitoria que permitiría a las entidades aseguradoras disponer de su propia capacidad gestionándola a medio plazo, al proporcionarles protección para las eventuales pérdidas a corto plazo y permitirles atender al coste de esa protección, además de con las primas iniciales, si fuera necesario, a través de sus resultados posteriores. El Convenio ha sido revisado por las autoridades comunitarias, que en principio han dado su ‘placet’ si bien se ha adelantado que desde Bruselas se seguirá atentamente su aplicación y desarrollo, sobre todo con vistas a regular a futuro sobre una situación que no es exclusiva del mercado español. Se acepta pues en este sentido el planteamiento de que se trata de una intervención planteada con un efecto de neutralidad a medio plazo, tanto para la institución pública como para la industria aseguradora privada y, por tanto, no representa una injerencia en la dinámica del mercado reasegurador internacional, al que no se sustituye, sino que se complementa, y supone un incremento del nivel de garantía a prestar al tejido empresarial y, por ende, una dinamización de las transacciones, que podrían verse facilitadas en un mínimo de 20.000 millones de euros, con un efecto claramente multiplicador respecto del volumen de recursos que se pondría a disposición de esta intervención. El propio Ricardo Lozano informó ayer de las características de este Convenio al nuevo secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) tratará de recuperar los 4.300 millones de dólares (3.097,07 millones de euros) que, según alega la propia aseguradora, tomó ilegalmente su ex consejero delegado, Maurice Greenberg, con la venta de acciones en 2005, año en el que además fue obligado por el Consejo de Administración a dejar el puesto después de dirigir la compañía durante décadas, según la información recogida por el New York Times y de la que se ha hecho eco la Agencia EFE. Por su parte, Greenberg alega que los títulos en cuestión eran propiedad de Starr International, una empresa privada de inversión presidida por el propio ex consejero delegado, por lo que éstos podían ser vendidos sin restricciones para invertir los fondos en otros negocios. La venta de dichos títulos se realizó mucho antes de que el precio de las acciones de AIG descendiera de forma vertiginosa y de que el Gobierno estadounidense interviniera para evitar su colapso. Ayer comenzó el juicio para tratar de recuperar dicha cifra.

AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.) cambiará el modelo retributivo de su Consejo de Administración, cuyos miembros pasarán a percibir un salario fijo, en lugar de una remuneración basada exclusivamente en dietas como hasta ahora. La propuesta debe ser ratificada el próximo 30 de junio en la Asamblea General de Mutualistas de la aseguradora. “El Consejo de Administración, atendiendo a los múltiples problemas que han surgido con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en lo que se refiere a la interpretación de las normas estatutarias referentes a las retribuciones del Consejo, y concretamente a las compensaciones económicas a percibir por el grado de dedicación que deben tener a la entidad de acuerdo a sus responsabilidades estatutarias, ha considerado unánimemente proponer que la retribución de los consejeros esté compuesta de una retribución fija, más una dieta de asistencia al Consejo o Comisiones”. Así se explica en el informe de los administradores sobre la reforma de los estatutos de A.M.A. De aprobarse la modificación, el presidente pasará a cobrar 6.000 euros al mes y otros 1.000 euros en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. El secretario del máximo órgano de gobierno de la entidad ingresará, por su parte, 4.500 euros mensuales y otros 1.000 euros por dietas. Los restantes 11 consejeros y dos vicepresidentes percibirán el mismo dinero por dietas y un salario mensual fijo de 3.000 euros. Estas retribuciones se actualizarían anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo. Para comprobar la idoneidad de los salarios, la entidad ha solicitado un estudio de mercado a Deloitte. Además, A.M.A. ha consultado “verbalmente” con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre el cambio y “nos han contestado, que si esa forma de retribución es aprobada en la Asamblea, nada tienen que objetar”, según se explica en el informe de los administradores. Asimismo, el Consejo de Administración de la aseguradora propone a los mutualistas retirar la referencia que se hace en el inicio del Artículo 1 de sus Estatutos a ‘Previsión Sanitaria Nacional’. Pérdidas en 2008 Por otra parte, en la web de A.M.A. está ya disponible el ‘Informe Anual 2008’, que muestra que la aseguradora, debido a la evolución de los mercados financieros, concluyó el pasado ejercicio con un resultado final negativo por importe de 10,2 millones, “que será compensado con reservas voluntarias”, según reconoce su presidente, Diego Murilllo, en la carta de presentación del informe. En 2007, la aseguradora alcanzó un beneficio de 17,8 millones de euros. Los ingresos por primas en el conjunto del pasado año llegaron a 157,7 millones de euros.

Expansión se hace eco en su edición de hoy de las diferencias entre el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y las aseguradoras sobre quién debe asumir los pagos por los daños de la tempestad ciclónica atípica de finales de enero, tal y como adelantó en su día esta Redacción. El periódico señala que las compañías reclaman al CCS entre 400 y 500 millones de euros por el citado temporal de invierno. Recuerda que existen negociaciones entre ambas partes para buscar una solución a esta cuestión, aunque de no se alcanzarse un acuerdo, Expansión apunta que las diferencias económicas podrían resolverse en los tribunales. Las partes implicadas esperan no llegar a este punto y anticipan que esta misma semana podría acercar posiciones.

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid considera probado que el hospital de La Paz de Madrid cometió una infracción grave y otra muy grave por la cesión de datos de sus cerca de 7.000 trabajadores a AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.), informa El País. Ésta abrió en 2007 una sucursal en el hospital, y poco después los trabajadores recibieron una carta con publicidad de la entidad. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en resolución del pasado 9 de marzo, considera que el centro hospitalario incurrió en infracción grave por "la utilización de datos de carácter personal de los trabajadores para finalidades incompatibles con aquellas para las que han sido recogidos"; mientras, la infracción muy grave es por "la comunicación de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento de los interesados". A.M.A., según la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, obtuvo de la Gerencia del hospital un listado en papel con los nombres, apellidos y servicios de los empleados. Sin embargo, La Paz niega que hubiera cesión de datos personales, sino que se trataba de datos públicos y no era necesario el consentimiento de los empleados. Otra de las consideraciones que se plasma en la resolución de la Agencia de Protección de Datos de Madrid es que “la relación de colaboración que pueda existir entre la institución sanitaria y una empresa privada que comercializa seguros no autoriza a la primera a utilizar los datos (...) para una finalidad distinta de aquella para la que han sido recogidos”.

Nada más concluir la Junta Directiva de AGERS que en la tarde de ayer eligió como nuevo presidente de la asociación a Ignacio Martínez de Baroja (Hispasat), un grupo de profesionales de la gerencia de riesgos y seguros de algunas de las grandes empresas españolas, entre las que se encuentran Abengoa, Campofrío Food Group Holding, Cemex, Ebro Puleva, Endesa, FCC, Ferrovial, Iberdrola, OHL y Telefónica, han anunciado la creación de una plataforma con el fin, explican sus impulsores, de “canalizar y dar respuesta a las necesidades de las áreas de gerencia de riesgos y seguros de las empresas e instituciones, como la forma más adecuada para defender los intereses empresariales en este campo y mantener la independencia en su actuación profesional”. Esta plataforma nace con 5 objetivos principales: potenciación de la gerencia de riesgos y seguros y desarrollo de la disciplina Enterprise Risk Management (ERM) en las empresas españolas; fomento y desarrollo de la profesión de gerente de riesgos y seguros; constitución de un órgano de representación ante las instituciones y el mercado asegurador; intercambio de experiencias y transmisión del conocimiento entre sus miembros; y defensa de las mejores prácticas en gerencia de riesgos en el mercado y en las propias empresas. “Para ello, esta plataforma propone utilizar el formato habitual de las asociaciones de gerentes de riesgos y seguros europeas y americanas, en las que este colectivo tiene un claro protagonismo en su relación con el mercado asegurador y las instituciones, del mismo modo que otras actividades profesionales del sector asegurador disponen de sus propias asociaciones”, comentan fuentes impulsoras de la plataforma, que avanzan que la plataforma está dedicando esfuerzos con carácter prioritario a la puesta en marcha de la nueva asociación. Recuerdan que, desde hace ya algunos años, muchos “gerentes de riesgos y seguros han defendido la necesidad de disponer de un foro propio en el que poder intercambiar experiencias profesionales que redunden en beneficio de sus organizaciones, potencie el desarrollo de su función profesional y les permita la mejor defensa de los intereses de sus empresas ante el mercado asegurador y las instituciones”. “En este sentido –añaden- es importante recordar que la Federación Europea de Asociaciones de Gerencia de Riesgos (FERMA), que representa a 17 asociaciones de 16 países europeos, aprobó una reforma estatutaria para promover la defensa de los derechos de las empresas representadas en dichas asociaciones, estableciendo la condición de gerente de riesgos y seguros como requisito imprescindible para la incorporación a su Junta Directiva”.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, prevé que el sistema de Seguridad Social mantenga el superávit al cierre de este año y el próximo, lo que se traducirá en la no necesidad de hacer uso del Fondo de Reserva, al contemplar su utilización sólo si presenta déficit durante tres semestres consecutivos, informa Europa Press. Contestó ayer que “ni se rompe la hucha ni se quiebra nada”, en respuesta a una pregunta del diputado popular Miguel Barrachina en la Comisión del Pacto de Toledo. Granado calificó como “temeridad” por su parte realizar estimaciones sobre el futuro de la Seguridad Social antes de la revisión del cuadro macroeconómico que el Gobierno realizará en breve. Sobre la situación del Fondo de Reserva, Granado señaló que, a 13 de mayo de este año, alcanza los 58.593,78 millones de euros, lo que representa un 5,35% del PIB, y afirmó que está previsto que las inversiones que integran la cartera del Fondo de Reserva se destinen a deuda española, salvo determinadas excepciones, por razones de rentabilidad. "Vamos a deshacer paulatinamente todas nuestras posiciones en deuda extranjera", aseguró Granado, que precisó que esta decisión de gestión "es ahora necesaria para sostener el conjunto de las obligaciones financieras del Estado". Explicó, además, que el Ministerio de Trabajo ya ha obtenido el visto bueno de la Dirección General del Tesoro para invertir también en deuda pública española aproximadamente el 80% del Fondo de Rehabilitación formado por los excedentes de las mutuas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Esto supondría otra inyección de algo más de 2.500 millones de euros para la adquisición de bonos del Estado. Por otra parte, entre las medidas tratadas ayer en el Congreso, se aprobó "acelerar el diagnóstico" del sistema de pensiones dentro de la Comisión del Pacto de Toledo. En la misma resolución, se compromete al Gobierno para reformar "en profundidad" las pensiones de viudedad y orfandad, mejorando sus cuantías así como su fiscalidad.

La Audiencia Nacional condenó ayer a tres años de prisión al general de división Vicente Navarro Ruiz por falsedad documental en la identificación errónea de 30 de los 62 militares españoles que murieron en el accidente del avión Yakovlev 42, en el que regresaban de su misión en Afganistán, informa Europa Press. También han sido condenados el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, a los que se les impone sendas penas de año y medio de reclusión por complicidad en el citado delito de falsedad en documento oficial. Asimismo, se acuerda una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias de los militares mal identificados, en concepto de responsabilidad civil, que deberán ser abonados por el Estado, al que se le considera responsable civil subsidiario; mientras, las tres aseguradoras imputadas en el caso han sido absueltas. Hay que recordar que MAPFRE, ZURICH y ST. PAUL INSURANCE (ahora HCC EUROPE) eran las tres compañías que aparecían en el auto de apertura de juicio oral por el accidente. La decisión del juez de incluirlas se adoptó tras examinar las pólizas de seguros aportadas por la Subsecretaría del Ministerio de Defensa suscritas como cobertura de responsabilidades de los funcionarios.

Las patronales de talleres han decidido llevar a los tribunales a las compañías de seguros por varias prácticas que consideran abusivas. Autoprofesional.com revela que el direccionamiento de clientes hacia talleres colaboradores o el establecimiento de precios/hora son algunas de esas prácticas, que las asociaciones representativas de las empresas de reparación han dado a conocer desde 2007, año en el que constituyeron el Foro del Sector de la Reparación. Las asociaciones que van a denunciar esa situación ante la Justicia son Cetraa (Confederación Española de Talleres), Conepa (Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción), Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción) y Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios). El comunicado remitido por Cetraa a la redacción de Autoprofesional, señala textualmente: "El Foro del Sector de la Reparación, después de muchos meses de estudiar alternativas, no ha tenido más remedio que decidir iniciar acciones de denuncia ante las autoridades españolas contra las prácticas de dudosa licitud reiteradas en el mercado de los seguros relacionadas con la prestación de servicios de reparación y mantenimiento, que efectúan los talleres en los vehículos siniestrados". "Esta acción, que supone un gran esfuerzo económico y de gestión, se inicia dentro del Foro inicialmente compuesto por Cetraa, Conepa, Faconauto y Ganvam, las cuatro asociaciones nacionales del sector que representan a la práctica totalidad de talleres independientes y de marca de España". "En resumen, serán tales entidades quienes soporten los costes y la gestión de esta costosa y lenta batalla legal que se inicia a partir de este momento bajo la dirección de expertos especialistas en materia mercantil y de la competencia". "Nuestra Confederación Española de Talleres de reparación de automóviles y afines, Cetraa, soportará la parte alícuota económica correspondiente, sin repercusión alguna para sus asociados, e irá informando a éstos de la evolución de este importante asunto, encaminado a conseguir que las relaciones entre talleres y compañías de seguros sean más justas y equilibradas". "En estos momentos, más que nunca, necesitamos que todos los talleres de España estén unidos y agrupados en torno a nuestras asociaciones nacionales".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revisa en la actualidad algunos pagos que AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) realizó a grandes bancos, como Goldman Sachs, Deutsche Bank, Societe Generale o Barclays, según Reuters. La propia AIG anunció en marzo que el importe de esos pagos alcanzaba los 90.000 millones de dólares (67.550 millones de euros). El inspector del Tesoro Neil Barofski, ha remitido una carta al legislador Elijah Cummings en la que explica que se trata de conocer si AIG pagó "a sus contrapartes el 100% del valor nominal del reclamo y si hubo algún intento por renegociar y liquidar estos reclamos con recortes".

Un juez sentenció el pasado jueves a Elizabeth Monrad, antigua ejecutiva de GENERAL RE (GEN RE), a una pena de 18 meses de prisión por su papel en la antigua trama fraudulenta de riesgo finito con AIG. Monrad, que fue responsable financiera (CFO) entre 2000 y 2003, es la cuarta de los cinco antiguos directivos de GENERAL RE y de AIG que han sido condenados por este caso desde febrero de 2008. Además, ha sido condenada a dos años de libertad vigilada y una multa de 250.000 dólares (187.500 euros).

El Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya ha confirmado la desestimación del recurso planteado contra las últimas elecciones celebradas en la organización colegial. “Tras el trámite estatutario pertinente para decidir sobre el mismo, el pasado día 16 de marzo, la Asamblea del Consejo de Mediadores de Seguros del País Vasco acordó por unanimidad desestimar íntegramente la tesis mantenida por la candidatura que presentó recurso de impugnación al resultado de las elecciones celebradas en el Colegio de Mediadores de Seguros de Vizcaya, desmontando todos los argumentos en los que se basaba, emitiendo asimismo todos los pronunciamientos favorables a la candidatura electa presidida por Adolfo de Pascual, y resolviendo colegialmente este proceso”, se detalla en el comunicado emitido por el Colegio.

El banco francés BNP Paribas es objeto de nuevas polémicas tras conocerse que ha realizado una provisión de 28,6 millones de euros con cargo al ejercicio 2008 para hacer frente a los compromisos de las jubilaciones de cinco de sus directivos, entre ellos su presidente, Michel Pérebeau, y el director general, Baudouin Prot, según la información que hoy publica El Economista. La polémica también se centra en que tras, diversas presiones políticas, los dirigentes del banco renunciaron a sus 'bonus' y 'stock-options' del año pasado; sin embargo, sus jubilaciones y remuneraciones no se vieron limitadas, según informa Europa Press. De acuerdo a un decreto aprobado esta misma semana por el Gobierno francés, hasta 2010 se prohibe los 'bonus' y las 'stock-options' de las empresas que cuenten con recursos del Estado pero no aborda el tema de las llamadas 'jubilaciones blindadas' que gozan todavía de un trato de favor.

Según ha podido saber esta Redacción, aunque no se ha querido hacer público, la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) ha decidido no aprobar la propuesta de nuevos estatutos que se llevó a la Asamblea Extraordinaria, celebrada el pasado 16 de marzo. Dicha propuesta logró reunir tan sólo el 52% de los votos cuando precisaba el 75%. La propuesta de nuevos Estatutos de AGERS planteaba una serie de cambios sustanciales respecto a los actuales. Así: abogaba por limitar el número de representaciones que cada asociado podía llevar a las Asambleas (curiosa y vergonzosamente uno de los impulsores de la propuesta apareció en la Asamblea Extraordinaria con delegación de voto de más de 20 asociados); pretendía que la renovación de los miembros de la Junta Directiva fuese cada 3 años y no como actualmente que es a mitades cada año (lo que implica que cada mandato es de 2 años); y pretendía excluir de la Junta Directiva a los Asociados Honorarios (este planteamiento llevó incluso a dos de ellos a abandonar la Asamblea en señal de disconformidad). En esta situación, AGERS seguirá con los Estatutos en vigor hasta que no se consiga una propuesta de cambio de los mismos que logre el apoyo de tres cuartas partes de los asociados. Esta cuestión será objeto de análisis en la reunión de la Junta Directiva prevista para finales de este mes y que se prevé un tanto tormentosa. En la misma se abordará también la decisión del director general de la asociación, Javier Navas, de no renovar su contrato a partir de su vencimiento, el próximo mes de octubre; Navas fue uno de los impulsores del proyecto de nuevos Estatutos y su salida parece lógica consecuencia del varapalo sufrido por los mismos. Por otra parte, cabe recordar que la Asociación cumple este año su 25º aniversario y que tiene previsto celebrar su Congreso Anual los días 5 y 6 de mayo en Madrid.

Algunas compañías rivales de AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) se han quejado al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, de que las ayudas federales al grupo asegurador perjudican la competencia, según una información publicada ayer por The Wall Street Journal, de la que se hace eco la agencia Efe. El rotativo explica, en su edición digital, que algunos de los mayores competidores de AIG expusieron de forma directa sus quejas a Bernanke el pasado 4 de marzo en un hotel de Washington, y que éste respondió que estudiaría el asunto. Estas compañías pretenden que la Reserva Federal evite que AIG use las ayudas estatales para sacar ventaja en su negocio, en particular para bajar los precios. El diario señala que en los seis meses transcurridos desde que el Gobierno acudió al rescate de AIG, el grupo ha recortado los precios, en algunos casos más de un 30%, según diversas fuentes consultadas. John Doyle, ejecutivo de la División de Seguros Comerciales de AIG, ha declarado a The Wall Street Journal que algunas de estas quejas reflejan "la frustración de rivales que a mediados de septiembre pensaron que nos estábamos marchando". Ejecutivos de AIG comienzan a devolver las polémicas bonificaciones Por otra parte, el fiscal general del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado de que algunos ejecutivos de AIG han comenzado a devolver las bonificaciones cobradas y que han creado una fuerte polémica en la sociedad estadounidense. Más concretamente, Cuomo señaló que nueve de los diez ejecutivos de la aseguradora que habían recibido los mayores sobresueldos han acordado devolver sus bonos. De los veinte ejecutivos más importantes de esta División de Productos Financieros, han sido 15 los que han acordado devolver las primas. Las cantidades devueltas por estos directivos representan unos 50 millones de dólares (36,69 millones de euros). “Han hecho lo que es correcto", manifiesta Cuomo en un comunicado en su página web. "Han hecho lo que este país necesita y exige en estos momentos", agrega el fiscal general de Nueva York, que considera que están dando "un ejemplo al resto de la compañía".

Según indicó ayer el presidente del Consejo de Supervisión de ING, Jan Hommen, el grupo ha solicitado a sus altos directivos que renuncien a los bonos correspondientes al ejercicio 2008, y aunque sería "imposible" recuperar todo, indicó que los directivos del grupo están dispuestos a ello. No obstante, Hommen también aseguró al diario holandés De Volkskrant que el grupo financiero holandés no abonará primas a sus empleados en 2009 y concretó que hasta 2010 no se definirá "una nueva política salarial"; en todo caso, el pago de bonificaciones se plantearía sólo si el resultado del grupo es "positivo", según la información que hoy recoge la prensa española. La información hecha pública recientemente sobre los 300 millones de euros en primas percibidas el pasado año por empleados del grupo, junto al anuncio sobre la intención de ofrecer al nuevo director financiero, Patrick Flynn, un paquete de 100.000 acciones de ING, ha sido motivo de críticas, lo que ha impulsado al grupo a adoptar esta decisión. "Es una petición moral", señaló Holmmen. "Pedimos a los 1.200 directivos que devuelvan sus primas", afirmó.

Las polémicas bonificaciones de AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) a sus ejecutivos son mayores de lo inicialmente calculadas, según ha dado a conocer Richard Blumenthal, fiscal general del estado de Connecticut, informa la agencia Efe. Si inicialmente se habían estimado dichas primas en unos 165 millones (121,53 millones de euros), la cifra asciende ahora a 218 millones (160,57 millones de euros), según desvelan una serie de documentos que el propio Blumenthal recibió el viernes tras emitir un requerimiento oficial. Según Blumenthal, la cifra "dará aún más pábulo a la ira y al asco justificados que la gente siente". Agrega que estos documentos ponen de relieve que un total de 73 personas recibieron al menos un millón de dólares (736.560 euros) por cabeza, y de ellos cinco cobraron más de 4 millones (2,79 millones de euros). La revelación del fiscal general de Connecticut surge tras conocerse que los fiscales generales de 19 estados informaron al grupo sobre su intención de llevar a cabo una investigación sobre las polémicas bonificaciones.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley por el que se gravarán con un impuesto del 90% las primas y bonificaciones que reciban los empleados que ganen más de 250.000 dólares (184.600 euros) al año y que trabajen para una compañía que haya sido rescatada por el Gobierno con al menos 5.000 millones de dólares (3.690 millones de euros). Con esta propuesta, aprobada por 328 votos a favor y 93 en contra, se trata de dar una solución a la polémica surgida por las bonificaciones cobradas por los ejecutivos de AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG), informa Europa Press. La nueva carga tributaria no sólo afectará a los directivos de la aseguradora, sino a los empleados de otras compañías que hayan sido rescatadas por el Gobierno federal, como Fannie Mae, Freddie Mac, Bank of America o Citigruop, entre otras instituciones. Por otra parte, el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, anunció el miércoles en su comparencia ante el Congreso de Estados Unidos que pedirá a los ejecutivos de la aseguradora que devuelvan "al menos la mitad" de las primas que recibieron. "Hoy he pedido a los empleados de la división de Productos Financieros de AIG que den un paso al frente y hagan lo correcto. En concreto, he pedido a quienes recibieron más de cien mil dólares como parte de las cláusulas de retención que devuelvan al menos la mitad" de esas primas, afirmó Liddy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Reveló, incluso, que dado el malestar generado en la sociedad estadounidense, hay algunos directivos que ya se han ofrecido a devolver la totalidad de esas bonificaciones. Liddy, que dijo comprender la "indignación" generalizada por unas bonificaciones que llegó a calificar "de mal gusto", aclaró varias veces que el dinero recibido no fue en función de la actuación de los ejecutivos sino que estaban atados legalmente por los contratos que firmaron hace más de un año, que incluían la polémica cláusula de retención. En cuanto a la situación del grupo, el consejero delegado de AIG explicó a los congresistas que se está trabajando en un plan para que la empresa vuelva a ser "rentable" en un periodo "de entre dos y tres años". "Estamos trabajando en un plan diseñado para maximizar el valor del negocio y poder devolver a los contribuyentes lo que les corresponde. Pero necesitamos el apoyo del Congreso y si trabajamos juntos sé que devolveremos la deuda de AIG y encontraremos una solución que supondrá un paso de gigante en la recuperación económica que todos queremos", indicó.

Las autoridades de Estados Unidos buscan fórmulas para recuperar las bonificaciones a los ejecutivos de AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG). Entre estas medidas, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, anunció en una carta dirigida a los congresistas que el Gobierno ha decidido obligar a AIG a reembolsar los 165 millones de dólares (127 millones de euros) destinados a pagar estos bonus, informa Expansión. “Nosotros lo exigiremos mediante una cláusula contractual que vamos a introducir dentro del plan de rescate que tenemos con AIG”, explicó Geithner. Mientras, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó ayer que se están barajando varias opciones para recuperar el dinero que irá destinado a pagar las bonificaciones de los ejecutivos de AIG, informa Europa Press. Entre estas opciones, una de ellas apunta a la posibilidad de autorizar al Fiscal General de Estados Unidos para que intente recuperar las bonificaciones excesivas que se han producido en empresas que, como AIG, se beneficiaron de las ayudas públicas del plan de rescate del Gobierno. También se baraja la posibilidad de tomar medidas drásticas contra los bonos de retención pagados por tales compañías, indicó Pelosi en un comunicado. Otra opción sería utilizar una legislación impositiva especial para recuperar "una proporción sustanciosa" de las bonificaciones. Por otra parte, la agencia Efe se hace eco del anuncio realizado por el fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, de que AIG pagó bonificaciones de al menos un millón de dólares a 73 empleados, de los que once ya no trabajan en la empresa. El fiscal envió el lunes requerimientos oficiales a la aseguradora para que le aportase toda la información relativa a las compensaciones abonadas a empleados de su División de Productos Financieros, así como la identidad de quienes las recibieron, dentro de una investigación que realiza a esa empresa. Sin precisar detalles respecto de sus identidades, Cuomo constató que el ejecutivo más agraciado de todos obtuvo más de 6,4 millones de dólares (4,92 millones de euros) en compensaciones y que los siete más premiados se llevaron más de 4 millones (3,08 millones de euros) cada uno. Veintidós directivos recibieron primas de al menos 2 millones (1,54 millones de euros).

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó ayer de "indignante" el pago de bonificaciones por valor de 165 millones de dólares (126,5 millones de euros) de AIG a sus directivos, e indicó que hará lo posible por impedir esas compensaciones, informa la agencia Efe. "Es difícil entender que los operadores de derivados en AIG se merezcan la más mínima bonificación, mucho menos pagas extras de 165 millones de dólares. ¿Cómo justifican este escándalo a los contribuyentes que mantienen a flote esta compañía?", afirmó Obama, que añadió que situaciones como esta "subrayan la necesidad de una reforma exhaustiva del sistema regulador financiero". Indicó, además, que su Gobierno explorará "todas las vías legales" para impedir que se desembolsen esas bonificaciones e indicó que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ya busca modos para bloquearlos. Su objeción a esas bonificaciones, afirmó, "no es una cuestión de dólares y centavos, estamos hablando de nuestros valores fundamentales". En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó que el presidente "ha pedido específicamente a su equipo económico que vaya y determine si hay alguna vía legal con la que bloquear esas bonificaciones, si hay algo que se pueda hacer para cambiar lo que ha ocurrido".

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha notificado a AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.) la resolución con su propuesta de sanción a diversos miembros del Consejo de Administración de la aseguradora por un presunto exceso de cantidades cobradas en concepto de dietas. El órgano de control propone que el presidente de A.M.A., Diego Murillo, el actual secretario del Consejo, Manuel Campos, y el que ocupara ese mismo puesto hasta junio de 2007, Manuel Sánchez, deberán separarse de sus cargos durante un periodo de 7 años y cuatro meses (en total 88 meses). Finalmente, la DGSFP ha rebajado en parte los términos de la sanción, pues inicialmente (ver BDS de 6 de octubre) la propuesta era inhabilitar a los tres directivos a lo largo de 20 años. En todo caso, la DGSFP mantiene la multa de 225.000 euros para cada uno de los sancionados, e insta, como inicialmente proponía, a que se devuelvan las cantidades que considera que el Consejo de la aseguradora ha cobrado en exceso entre 2004 y 2007 (aproximadamente unos 2,5 millones de euros). La aseguradora dispone ahora de de un mes para presentar un recurso de reposición contra esta resolución. Una vez hecho este trámite, la secretaría de Estado tendrá 30 días para dictar una nueva resolución. Decisión "esperable", según A.M.A. A consultas de esta Redacción, fuentes de A.M.A. han calificado la decisión de la DGSFP como "la esperable" dadas las circunstancias que rodean el contencioso y el posicionamiento y encono en el tema del director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano. Desde la aseguradora se remarca que, "incomprensiblemente", el órgano de control no aceptado ninguno de sus planteamientos contra la propuesta inicial del pasado año. Estas fuentes ratifican que, en el plazo del mes de que dispone, se planteará un recurso de reposición y, en estos momentos, no se descarta que, de pronunciarse contrariamente al mismo el Ministerio de Economía y Hacienda, la aseguradora recurra a instancias judiciales en defensa de lo que considera son sus legítimos intereses.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) pagará 165 millones de dólares (127,67 millones de euros) en bonificaciones a sus ejecutivos, pese a la situación financiera por la que atraviesa el grupo que ha llevado a varias acciones del Gobierno del país para evitar su quiebra, informa la agencia Efe. La noticia de la concesión de estas bonificaciones ha motivado una llamada de protesta del secretario del Tesoro, Timothy Geithner, al consejero delegado de AIG, Edward Liddy, quien accedió a reducir algunos pagos menores, pero manifestó, en una carta enviada a Geithner, el riesgo de que el grupo pierda a algunos de sus ejecutivos "si los empleados creen que la compensación está sujeta a un ajuste continuado y arbitrario por parte del Departamento del Tesoro". AIG mantiene que las bonificaciones están estipuladas en los contratos y no puede cambiarlas. Por otra parte, AIG desveló ayer que desde el pasado mes de septiembre ha pagado más de 90.000 millones de dólares (69.640 millones de euros) a varios bancos europeos, que se encontrarían entre los mayores beneficiarios del rescate de la aseguradora con dinero de los contribuyentes, informa la web Cotizalia. Entre los bancos que han percibido fondos de AIG aparecen Royal Bank of Scotland, UBS, Société Générale, BNP Paribas, Banco Santander, Danske, Rabobank y Calyon.

El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, acudió ayer al Senado de Estados Unidos, en el que expresó su disgusto por la situación de AIG. “Si hay un solo episodio en estos 18 meses que me ha enfurecido más que cualquier otro es AIG”, expresó, en declaraciones que recoge hoy Cinco Días. “Careció de supervisión para su división de productos financieros y era básicamente un ‘hedge fund’ que se unió a una firma de seguros grande y estable”, añadió. Comentó que la Reserva Federal no ha tenido más elección que ayudar al grupo asegurador, y reconoció que “AIG me hace sentir incómodo, pero su caída habría sido devastadora”. Maurice Greenberg demanda a AIG Por otra parte, el ex presidente de AIG, Maurice Greenberg, dijo ayer en la cadena CNBC que ha tenido pérdidas de 2.000 millones de dólares (1.587 millones de euros) como resultado de la situación del grupo asegurador y que ha presentado una demanda acusando a la compañía de fraude bursátil. Según la información de Business Insurance, la demanda se dirige contra la compañía y contra un grupo de personas entre las que están Martin Sullivan, sucesor de Greenberg al frente de AIG. El propio Greenberg explicaba que, en diciembre de 2007, en una conferencia para inversores, los responsables en aquel momento de AIG dijeron que el grupo no tendría que hacer frente a pérdidas relacionadas con coberturas de crédito, una exposición que meses después llevó al grupo al borde de la quiebra. Por último, se ha conocido la decisión de CHINA LIFE de no presentar oferta alguna por AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY (AIA), unidad asiática de seguros de Vida de AIG, según ha reconocido el presidente del grupo chino, Yang Chao. CHINA LIFE considera que la calidad de activos, las condiciones de negocios y el personal de AIA, así como la percepción de su marca, han cambiado enormemente.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) podría anunciar la próxima semana unas pérdidas netas para el ejercicio 2008 de más de 60.000 millones de dólares (46.765 millones de euros), lo que podría llevar al grupo a tener que volver a pedir ayuda a las autoridades estadounidenses, según la información desvelada el pasado lunes por la cadena de televisión CNBC. De acuerdo a esta noticia, el grupo asegurador estaría en negociaciones con el Gobierno para obtener fondos adiciones que le permitieran seguir operativo después de presentar sus cuentas anuales.

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